Francesco Arcuri, la expareja de Juana Rivas, investigada por una supuesta sustracción de menores, al estar casi un mes ilocalizable con los niños, de once y tres años, tras no acatar la orden judicial de devolverlos al progenitor, la cual finalmente cumplió el lunes, volvió con sus hijos a Italia, donde reside en la isla de Carloforte, de la que los chavales salieron con la madre de Maracena, en Granada, en mayo de 2016.
Arcuri salió de territorio nacional tras darse por completados los trámites judiciales que quedaban pendientes en la vía penal, que se esperaba en un inicio que se demoraran unos días más.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que investiga a Juana Rivas por supuestas sustracción de menores y desobediencia judicial, promovió la entrega de los niños a Arcuri el pasado lunes.
Puso así las bases para la restitución de los menores a su lugar de residencia antes de que la madre los trajera a España en unas vacaciones que tenían, inicialmente, el consentimiento del padre, condenado por lesiones en el ámbito doméstico, en 2009, y de las que luego no volvieron.
Juana Rivas presentó en julio de 2016 una denuncia por supuestos malos tratos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, que fue remitida a los tribunales italianos, que son competentes para dirimir sobre ella pues los hechos habrían tenido lugar en Carloforte, donde la familia convivió hasta mayo de ese año. Igualmente, la denuncia fue ampliada, también este agosto, en el juzgado granadino y fue tramitada por la juez para que la Fiscalía se pronuncie.
Por otro lado, el 31 de octubre, en Italia, hay una vista previa del proceso judicial por el que habrá de decidirse la forma de custodia de los niños, así como el régimen de visitas que se acuerde entre sus progenitores. El nuevo abogado de la madre, Juan de Dios Ramírez, no especificó si existen negociaciones entre las partes a este respecto. Sí ha indicado que están en contacto con los abogados italianos para abordar el caso en este país europeo.
Por otra parte, la representación legal de la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y de la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, solicitó en sede judicial que dejen de ser investigadas por “su presunta intervención” como “inductoras” o “partícipes necesarios” en una supuesta sustracción de los hijos de Rivas.
Procedimiento
El despacho Aránguez Abogados, que se hizo cargo de la defensa de Granados y Sanz, informó de que solicitó el “sobreseimiento parcial” del procedimiento respecto a estas dos funcionarias debido a la “total ausencia de indicios” contra ellas.
Asimismo, prevé que, “en los próximos días”, el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga a Juana Rivas por supuestas sustracción de menores y desobediencia judicial, resuelva sobre esta cuestión.
Granados y Sanz se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez amparándose en el respeto al “secreto profesional”.l