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jueves | 19 diciembre | 2024
Los retrasos y la convocatoria electoral han sumido en un futuro incierto el uso del cannabis medicinal que hace un año se dio por hecho tras su espaldarazo en el Congreso, y aunque en teoría es factible que el Gobierno lo regule antes del 23J, nadie lo baraja como una posibilidad real.
El 21 de junio de 2022, la subcomisión del Congreso creada ad hoc el año anterior para estudiar la regulación del cannabis con fines terapéuticos dio luz verde a un dictamen -ratificado sin cambios una semana después en la Comisión de Sanidad-, con una batería de recomendaciones que debían servir de base al Ministerio de Sanidad para elaborar un plan de reglamentación.
Tras escuchar a 23 expertos nacionales e internacionales e intensas negociaciones mediante, los grupos -excepto PP y Vox, que votaron en contra, y ERC y EH Bildu, que se abstuvieron- acordaron limitar el cannabis como complemento terapéutico para el dolor crónico -también el neuropático-, dolor oncológico, endometriosis, la espasticidad de la esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia y las náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia.
El dictamen fue un primer paso que había que dar, aunque dejaba muchas dudas sobre cuántos pacientes podrían verse beneficiados y cómo y dónde podían acceder a los nuevos tratamientos; así, priorizaba la dispensación, siempre bajo prescripción médica, preferentemente de un especialista, en farmacias hospitalarias, pero abría una rendija a “explorar la alternativa” de las comunitarias.
De igual manera, el documento hablaba de extractos o preparados estandarizados, pero a última hora incorporó una mención a la posibilidad de valorar los cogollos o “preparados de otro tipo que estén disponibles en países de la UE” para desarrollar proyectos experimentales “cuando sean solicitados”.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente de Sanidad, fue el organismo designado por los grupos parlamentarios para elaborar un informe que diera encaje a todo eso y garantizar la disponibilidad en el mercado farmacéutico de preparados estandarizados de esta sustancia. Le dieron seis meses para hacerlo, hasta finales de diciembre de 2022.
Casi otros seis meses después, “el borrador de la hoja de ruta sobre el encaje legal del uso de cannabis para fines medicinales que ha elaborado la Aemps está siendo revisado por otros departamentos del Ministerio de Sanidad con competencias en esta área para su consideración y recabar sus comentarios”, señalan a Efe desde el departamento que ahora dirige José Miñones.
Recientemente, en su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad, el ministro pidió disculpas por el retraso, que achacó a un “exceso de celo” para garantizar la seguridad de los pacientes, y se comprometió a presentar su propuesta a la Cámara antes de que acabara mayo.
Pero llegó el adelanto electoral, con la consiguiente disolución de las Cortes, y ahora en Sanidad señalan que “la tramitación parlamentaria podrá reanudarse cuando se vuelvan a constituir las cámaras”.
Fuentes parlamentarias consultadas por Efe explican que, al no tratarse de un proyecto de ley, sino de una serie de recomendaciones que no requieren de más tramitación parlamentaria, ni el dictamen, ni tampoco el informe hecho por la Aemps, decaen, y está en la mano del Gobierno -del actual, que aún estaría a tiempo, o del que venga- de asumirlo, aparcarlo o enterrarlo.
En marzo, el PNV, que impulsó la creación de la subcomisión y se ha interesado reiteradamente por el estado de la situación, pidió por escrito al Ministerio de Sanidad que le remitiera el informe de la Aemps, solicitud que no fue satisfecha.
Fuentes del grupo vasco consideran que la convocatoria electoral ha sido “un jarro de agua fría más” a la regulación del cannabis medicinal y que se viene a sumar a una serie de hechos que demuestran que no ha existido, ni por parte del Gobierno ni del PSOE, una “voluntad real” para avanzar en esta materia.
Y aunque recalcan que “estaríamos todavía a tiempo”, reconocen que han perdido toda esperanza. Aun así, piensan seguir insistiendo.
Más allá del debate político, las sociedades científicas apuestan por dar un uso medicinal al cannabis; durante su XIX Congreso Nacional de finales de mayo, la Sociedad Española del Dolor (SED) volvió a abogar por regularlo para mitigar, entre otros, el dolor crónico neuropático y el oncológico, pues algunos estudios apuntan que puede reducirlo a corto plazo un 30 % o incluso más.
Nueve años de lucha después, y resignados a que no habrá novedades antes del 23J y hasta bastante después, a los pacientes ya solo les cabe esperar que no haya que empezar de nuevo y que este asunto “sea una prioridad” para el nuevo Ministerio de Sanidad, dice abatida Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal.
“Del mismo modo que se está aumentando la producción de cannabis medicinal para pacientes de Europa, pensamos que todos estos productos deberían llegar a los pacientes españoles primero”, que siguen hundidos en la “inseguridad jurídica y sanitaria”, lamenta.
La evidencia científica, prosigue, “es la misma en todos los países”. “Tenemos la oportunidad de aprender de sus programas y de crear el mejor modelo posible por el bien de los pacientes, y de que los médicos puedan prescribir, ayudar y acompañar a las personas que estamos sufriendo tantísimo. El dolor no puede esperar”, zanja
