13º-16º
jueves | 19 diciembre | 2024
La ministra de Igualdad, Irene Montero, insistió hoy en que las rebajas de condenas a agresores sexuales en aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual –más conocida como ley del solo sí es sí– son una minoría entre las sentencias revisadas, pero reconoció que una sola exige una “respuesta unitaria” del Gobierno para reformar la ley, una de las normas estrellas de su departamento.
Así respondió Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros tras conocerse que, según los datos provisionales que manejaba el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hubo al menos 646 rebajas de penas a agresores sexuales, incluidas 65 excarcelaciones.
Fuentes jurídicas informaron de que, en los cinco primeros meses de la vigencia de la ley del solo sí es sí –que entró en vigor el pasado 7 de septiembre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado– y a falta de conocer los datos definitivos, pues todavía están pendientes de recabarlos algunos tribunales autonómicos, las Audiencias Provinciales redujeron 599 condenas, los Tribunales Superiores de Justicia 37 y el Tribunal Supremo diez de las 26 que revisó.
La ministra, que garantizó que va a trabajar “hasta el último segundo” para lograr una reforma consensuada en el seno del Gobierno antes de que el Pleno del Congreso debata en una semana la proposición de ley registrada por los socialistas en solitario, lamentó que el CGPJ no ofreciese todavía datos completos, ya que falta por saber el número total de condenas revisadas, cuántas no se rebajado y cuántas de las rebajas son firmes.
En este contexto, la titular de Igualdad reiteró que las revisiones a la baja “son una minoría” y que la mayor parte de los jueces mantienen las penas impuestas porque se está aplicando adecuadamente el derecho transitorio.
Sin embargo, Montero admitió que aunque se tratara de un solo caso, ya sería suficiente para dar una respuesta a las víctimas y al conjunto de la sociedad.
“Y esa respuesta debe ser una respuesta unitaria del Gobierno y de la mayoría feminista y preservando el consentimiento en el centro del Código Penal”, insistió.
Por otra parte, aunque no se produjeron avances en las negociaciones con la parte socialista del Ejecutivo en las últimas semanas para acordar la reforma de la norma, la ministra de Igualdad incidió en que, a su juicio, “el acuerdo es posible” y debe preservar el consentimiento como centro del Código Penal, sin “darle oportunidad a la derecha y a la extrema derecha de sumar sus votos para volver al Código Penal anterior”.
“No quiero ni pensar en ese escenario. Quiero que lleguemos a un acuerdo antes de que se produzca el debate en el Pleno y antes por tanto de darle la oportunidad al Partido Popular de sumar sus votos para volver al Código Penal anterior”, subrayó la ministra.
