La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señaló que, actualmente, existen más de 1,5 millones de personas con dependencia, 45.360 fallecidos al año sin atención y 310.429 desatendidos.

Lo puso de manifiesto ayer, por el aniversario de la ley de dependencia, que cumplió 17 años. En concreto, expuso que, a fecha de noviembre de 2023, existen 1.563.108 personas en España en situación de dependencia reconocida y otras 124.326 pendientes de valoración, lo que supone que el 3,3% de la población necesita apoyos para las actividades básicas de la vida.

Asimismo, indicó que existen 162.411 personas en el “limbo” en diciembre de 2023, que sumadas a las pendientes de valoración y aquellas con un Plan de Atención aprobado pero que aún no es efectivo (23.692) alcanzan las 310.429 desatendidas.

 También aseguró que 45.360 personas fallecen cada año en las listas de espera de la dependencia, de las que 19.661 están pendientes de resolución de grado y 25.699 están sin poder ejercer sus derechos. Esto, según apunta, supone que 124 personas fallecen al día en las listas de espera de la dependencia y, además, explica que el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 323 días, aunque en cuatro comunidades se superan los doce meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia).

En el informe, la asociación incluyó el porcentaje de personas atendidas en sus domicilios que no cuentan con Teleasistencia (60%), “a pesar de que el Plan de Choque marcó el objetivo de establecer este servicio como un derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio”.

Por otro lado, señaló que hay un 13,8% de cuidadoras de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales, cuatro años después de que se recuperase este derecho (76.606) y que se generaron 316.215 empleos directos asociados a las atenciones de la dependencia, a los que hay que añadir los empleos en las administraciones públicas en la gestión administrativa de esta Ley.

Además, denunció el cambio de ministros a lo largo de los 17 años en los que lleva en vigor la norma, lo que, a su juicio, evidencia “la inestabilidad en los órganos de gestión del Sistema”, una situación que también se produjo en la dirección de las consejerías afectadas de las comunidades.

Territorios

Pese a que el sistema alcanzó su máxima financiación con el Plan de Choque en Dependencia, impulsado por el Gobierno de coalición en 2021, persisten las desigualdades en su aplicación entre comunidades (con la competencia de los servicios sociales) tanto en su acceso, como en las atenciones. La desigualdad territorial afecta sobre todo a las listas de espera y a la financiación. 

En este sentido, pidió que se preste atención a esta política “con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley”. Además, indicaron que el “incumplimiento” de las Administraciones Públicas convirtió “sólidos derechos subjetivos” en “derechos efímeros”. Por todo ello, la asociación argumentó que tanto el Gobierno central como los autonómicos “deben acometer reformas que agilicen los trámites”.