La ministra de Sanidad, Mónica García, mostró aeste lunes su compromiso con “arrojar luz” en aquellos puntos del sistema sanitario “más reactivos” a la corrupción porque no solo “se está metiendo la mano en la caja”, también en “una UCI, en una investigación de una enfermedad rara y en el tiempo de espera de un paciente”. 

Así lo enfatizó durante el acto ‘Adressing Corruption in Health Systems: Towards Equity and Eficiency’, organizado por la Organización Mundial de la Salud en la sede del Ministerio, en el que garantizó su intención de “proteger la joya” del Sistema Nacional de Salud, que “algunos están empeñados en venderlo a trozos o en todo su conjunto”. 

“No solamente se está metiendo la mano en la caja del bien común –prosiguió–, se está metiendo la mano en una cama de una UCI, se está metiendo la mano en una investigación de una enfermedad rara y se está metiendo la mano en el tiempo de espera de un paciente: es un desvío del dinero desde la parte del cuidado y de la protección de la salud hacia intereses espurios”, argumentó. 

La corrupción institucional, recordó el director de la Unidad de Salud Gobernanza y Administración de Sistemas, David Clarke, supone el 6% del gasto sanitario mundial, con más de 56.000 millones de euros perdidos por estas prácticas en 2011, si bien hay ya otros estudios más recientes que elevan ese porcentaje hasta el 10%.

Mecanismo del Ministerio

En España no hay cifras sobre fraude sanitario, pero Sanidad quiere solventar esta ausencia con el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, que creó el 26 de abril, con tres ejes fundamentales.

Primero, la prevención, para lo que profundizará en la transparencia y facilitará “el cumplimiento de la legalidad”, sobre todo en un terreno que “es muy delicado y muy excepcional”, como es el de la contratación pública, dijo la ministra. Con este objetivo, se elaborará “un manual de prácticas de no hacer”, que incorporará comportamientos que son un “caldo de cultivo para el fraude y la corrupción”.

En segundo lugar, se creará un sistema de alertas para decidir dónde se pone “el radar”, identificando los lugares en los que ocurren estas prácticas; con este objetivo, se diseñará un mapa de riesgos dentro del Sistema Nacional de Salud que detectará “aquellos puntos críticos donde se concentran la corrupción y el fraude sanitario”. 

Por último, desarrollará un “intenso calendario” de colaboración con diferentes entidades nacionales e internacionales para compartir todas estas prácticas.  En el mismo sentido se pronunció su número dos, Javier Padilla, quien se refirió en concreto al precio de los medicamentos, un ámbito en el que el Ministerio quiere incorporar a organizaciones y población civil sin conflicto de intereses en la toma de decisiones.

“Tenemos que hacer uso de los conflictos de interés como herramienta para poder alinear los intereses sociales y de las administraciones con las necesidades de participación de la población”, subrayó.