La alicantina María José Picó tiene 61 años y presentó la primera querella criminal por un supuesto caso de bebés robados para hallar a su hermana melliza que, a las pocas horas de nacer, fue enterrada en una fosa común del cementerio municipal de Alicante en un proceso con múltiples irregularidades.

La querella fue registrada este viernes en el Decanato de los juzgados de Instrucción de la ciudad y está dirigida contra la matrona y el médico que asistieron el parto y el entonces director del hospital General de la ciudad, así como contra las personas que puedan estar incluidas en la “trama criminal” .

Picó compareció ante los medios asistida por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), que impulsa el derecho a la verdad por crímenes de Derecho Internacional impunes no investigados ni enjuiciados en el Estado español. Desde Ceaqua explicaron que hasta ahora las acciones judiciales se denunciaban en la Fiscalía, que decidía unilateralmente si interponía una acción judicial sin que la víctima pudiera tomar parte del proceso, ahora con la querella criminal se forma parte del procedimiento como acusación y se tiene voz.

El proceso

El 28 de marzo de 1962 y derivada desde Elche, su madre dio a luz a dos mellizas en el hospital General de Alicante y pese al aparente buen estado de salud, una monja comunicó que una de las niñas había fallecido en la sala nido “heladita de frío”.

Al padre le urgieron a comprar una caja de madera en las inmediaciones del hospital y no en una funeraria y la entregó tras adquirirla en una tienda de ultramarinos, con un tamaño de 50x30x25. Al poco, se la devolvieron con, presuntamente, el cadáver y cerrada con clavos, y le instaron a llevarla al cementerio porque le esperaba el sepulturero, lo cual hizo y se inhumó en una esquina de una fosa común sin llegar a saber si lo que había dentro eran los restos de una de sus mellizas.

En 2012, con las primeras denuncias, a los padres se les vino a la cabeza todo lo vivido y buscaron documentos, pero el hospital General carecía de la historia clínica. Les dijeron que se perdieron en unas riadas, no había partida de nacimiento ni de defunción, ni legajo de aborto porque, según les dijeron, las anteriores a 1978 se extraviaron en una mudanza.

En el cementerio sí había una licencia de enterramiento pero en el apartado del nombre del médico que certificó la defunción constaba, supuestamente por error, el del padre. Este “cúmulo de irregularidades y de situaciones poco transparentes” llevó a la familia Picó a denunciar ante la Fiscalía de Menores, que impulsó la excavación de la fosa, en 2012, y allí apareció la impronta de una caja no funeraria con clavos grandes y sin restos, pero las diligencias se archivaron.

“Sin tener pistas de dónde puede estar”, María José buscó a su gemela estos años y confía ahora en la investigación y en las pruebas de ADN para llegar a reencontrarse con ella. La querella también busca denunciar “la impunidad del Estado español que considera que estos delitos han prescrito” pese a que, según el abogado de Ceaqua Jacinto Lara, es un crimen de lesa humanidad y de Derecho Internacional en concurso con otros como detención ilegal, sustracción de menor y falsedad documental.