Toda la Formación Profesional (FP) –Grado Básico, Medio y Superior– deberá desarrollarse el próximo curso 2024-25 con carácter dual, pero no está claro si las empresas ofertarán suficientes plazas para que más de un millón de estudiantes realicen las prácticas a las que obliga la ley de FP.

En coincidencia con la apertura de la matrícula de estas enseñanzas en la mayoría de las comunidades y de cara al nuevo curso, el presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional (FPEmpresa), Luis García Domínguez, expone la necesidad de “una mayor colaboración de las empresas. Hasta hoy, parece que no hay demasiado entusiasmo o por lo menos no tenemos una información de la disponibilidad de esos puestos formativos”.

Por esta razón, su organización, la más representativa del sector, aboga por “dar algún tipo de reconocimiento, exención fiscal o ayudas para animar a las empresas de manera transitoria, quizá dos, tres o cuatro años, hasta que se implante el sistema”, añade.

A finales de marzo, la secretaria general de FP y una de las principales artífices de la nueva ley, Clara Sanz, avanzó el proyecto de lanzar unas unidades especiales para aproximar la FP dual donde están las empresas, con actuaciones dirigidas a ayuntamientos y a espacios como polígonos industriales.

 Según fuentes del Ministerio de Educación, todavía no se sacó la convocatoria para materializar estas unidades. Su labor será recoger las demandas y las ofertas para estancias formativas en las empresas, y difundir y aproximar las ofertas de actualización para los trabajadores y la acreditación de sus competencias. 

La Ley Orgánica de Formación Profesional establece que el próximo curso el Grado Básico, Medio y Superior tendrá carácter dual –conjuga enseñanza en el aula con las prácticas de empresa– y crea dos modalidades: General e Intensiva. En el primer caso, el porcentaje de formación en la empresa será del 25% al 35%, y en el segundo, más del 35%. Se estima que alrededor del 70% de los estudiantes se quedan en las empresas al concluir su estancia formativa en las mismas.

Trabajo de las comunidades 

En los últimos meses, las comunidades prepararon las instrucciones y normativas precisas para trasponer los reales decretos derivados de la ley, resume García Domínguez. Uno de los retos radica en que “por primera vez vamos a tener una fase de formación en empresa en el primer curso y segundo curso. 

Eso en función de cómo se organiza en cada comunidad va a requerir un número mayor de puestos formativos de los que tenemos”. 

Un segundo reto, apunta García Domínguez, es el de los certificados profesionales, es decir, de aquellas formaciones y microformaciones correspondientes a lo que hasta ahora era la FP para el empleo. 

“La flexibilidad de la ley debe acompañarse de una normativa tanto central, es decir, del Estado, como autonómica, que permita de manera efectiva en los centros ser flexibles y acercarnos a los ciudadanos”. 

En cada centro de FP deberá existir la figura del tutor dual, al menos para cada una de las familias profesionales que en él se impartan, y cada estudiante tendrá asignado uno.