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miércoles | 20 noviembre | 2024
El Defensor del Pueblo consideró que no se respetaron las “garantías legales nacionales e internacionales” al rechazarse en frontera a 470 personas durante el intento de salto masivo de la valla de Melilla el pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 23 inmigrantes.
La institución que dirige Ángel Gabilondo avanzó las primeras conclusiones de su investigación y destacó que ese día se registró “una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos”.
En el visionado de las imágenes se comprobó que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provocó un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales. El Defensor recuerda que el Tribunal Constitucional estableció que el rechazo en frontera ha de contemplar entradas individualizadas con “pleno control judicial” y cumpliendo con las obligaciones internacionales, algo que en este caso no ocurrió.
Analizada la documentación de los Ministerios del Interior y del de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no da por concluida la investigación y solicitó a la Secretaría de Estado de Seguridad más imágenes de aquella jornada en el perímetro fronterizo.
Entre los pasos dados, señaló que se dirigió a Exteriores para que refuercen con medios materiales y humanos embajadas y consulados para que los solicitantes de asilo puedan acceder a ellos “sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada en el país”.
Además, trasladó a la Fiscalía General del Estado el testimonio y el parte de lesiones de uno de los residentes entrevistados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla.
Y solicitó información sobre los procedimientos usados para determinar la edad de los presuntos menores residentes en el Centro de Menores La Purísima, en la ciudad autónoma.
Siguen asimismo las gestiones con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), para conocer el protocolo que se siguió con los partes de lesiones de los herido; y con la Dirección General de Política Interior para conocer el estado de las solicitudes de protección internacional de los inmigrantes que consiguieron llegar al CETI y las incidencias en las entrevistas realizadas por la Policía Nacional.
El Defensor trasladó las conclusiones a las instituciones afectadas y formuló “recomendaciones y recordatorios legales” a la Secretaría de Estado de Seguridad. Entre ellos destaca la necesidad de garantizar en frontera “el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes” y de impedir cualquier práctica “abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Deben dictarse las órdenes oportunas para que los agentes estén “siempre identificados”, añadió el Defensor, que pide también que se revisen los protocolos de actuación que se activan con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Marruecos cuando se registran intentos de entradas irregulares con el fin de gestionar las fronteras “de manera integrada, segura y coordinada”.
Planteó además una reforma urgente de la Ley de Extranjería para consignar los criterios que, según el Constitucional, deben tenerse en cuenta en un rechazo en frontera y, recomendó dejar constancia escrita de que al extranjero se le facilitó información sobre protección internacional.
El Defensor vio necesario también potenciar la información internacional para prever situaciones de “presión fronteriza extrema” y poder incrementar los operativos de atención humanitaria en la zona.
La institución recordó que la Fiscalía investiga los hechos, por lo que las conductas delictivas ya estarían siendo analizadas por la institución competente.
El Ministerio del Interior respondió de forma inmediata al Defensor del Pueblo que todos los rechazos en frontera que se realizaron durante el salto masivo de la valla de Melilla el pasado 24 de junio en el que murieron al menos 23 inmigrantes se realizaron “dentro de la más estricta legalidad”.
Desde Interior señalaron que, “desde el respeto a la Institución del Defensor del Pueblo”, y teniendo en cuenta que los hechos sucedidos se están investigando, “todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad”.
Fuentes de la Guardia Civil precisaron, además, que el número de 470 rechazados en frontera que alude el Defensor del Pueblo en sus conclusiones no es “ni de lejos” la cifra correcta. Defienden, por contra, que fueron 101 inmigrantes los que se quedaron en ese perímetro “en tierra de nadie”.
