Mónica García sigue mostrando sus cartas para "recuperar el orgullo" de la sanidad pública: además de devolverle la universalidad o limitar la gestión privada, la ministra de Sanidad desvela que está dispuesta a revisar los copagos, también los farmacéuticos, porque "hay gente que no se puede permitir sus fármacos".

Una de las tareas que tiene pendientes desde que asumió la cartera hace seis meses es precisamente reexaminar los tramos de renta de aportación para el pago de medicamentos, que no han cambiado desde 2012, pese a lo mucho que sí lo han hecho los precios: las de menos de 18.000 euros, que pagan el 40 %; de 18.000 a 100.000, que abonan la mitad; y más de 100.000, que desembolsan el 60%.

Y, según avanza en una entrevista con EFE, está convencida de que hay que estudiarlos: "Hay unos tramos de renta que son demasiado amplios, y no es lo mismo alguien que cobra 30.000 que alguien que gana 100.000. Creo que hay que revisarlos".

No obstante, primero hay que evaluar si los copagos que introdujo el PP -o la ausencia de ellos, puntualiza- "realmente han sido efectivos para la sostenibilidad del sistema, que es para lo que teóricamente aparecieron las políticas austericidas" hace más de una década. 

"Estamos haciendo recaer en los pacientes el incremento incesante de nuestro gasto farmacéutico, cuando va por otras dinámicas que tenemos que estudiar. No nos podemos permitir cada año un aumento de 1.000 millones", enfatiza. 

Cuando evalúen "cómo están afectando los copagos a las familias, si les está impidiendo que tengan acceso a los medicamentos", porque hay estudios -cita uno de la Fundación Foessa- que apuntan a que en algunas comunidades "hay gente que no se puede permitir retirar sus fármacos", se tomará una decisión.

¿Abre entonces un resquicio a su eliminación? "No vamos a hacer ningún cambio de ley, ni ninguna ley ni iniciativa nueva que no vaya de la mano de la evidencia científica ni de los estudios", responde tajante. 

Cuidar a la gente 

De momento, tiene claro que no quiere nuevos copagos, y así lo ha plasmado en el proyecto de ley de universalidad que ha llevado esta semana al Consejo de Ministros, que rescata la cartera común única de servicios -que se dividió en la básica de servicios asistenciales, la suplementaria y la de servicios accesorios-, manteniendo la cartera complementaria de las comunidades.

La iniciativa impide que algunas autonomías puedan introducir nuevos copagos en el transporte sanitario no urgente y los productos dietoterápicos, aunque los conserva en las prestaciones farmacéutica, ortoprotésica y en servicios accesorios, que Sanidad también revisará para ver si puede "hacer algunos cambios".

Asume que el proyecto, que restituye el derecho a la asistencia sanitaria a todos los migrantes que vayan a residir en España aunque estén en situación irregular, alimentará los discursos xenófobos, "los bulos, las mentiras y las falacias" 

Sin embargo, recuerda que también se lo devuelve a los españoles que viven fuera y a sus familiares, además de a los extranjeros que vienen por reagrupación familiar.

"Nuestro Sistema Nacional de Salud va a cuidar a la gente dónde y cuándo debe, y la mayoría de las veces no es en una urgencia, es en Atención Primaria", abunda. 

Nada que temer

Otra de sus bazas es la ley de Integridad del SNS, que pretende limitar y facilitar a las comunidades la reversión de la gestión privada y mejorar los procedimientos de transparencia y auditoría.

El proyecto, desde el lunes en fase de consulta pública, pone coto a ciertos -no todos- "tipos de conciertos y concesiones que han parasitado nuestro sistema", pero no ha gustado a la sanidad privada, que habla de "criminalización". 

"La colaboración público-privada, como matrimonio, no es ni buena ni mala, depende de cómo se materialice", de modo que "aquellos que tengan un concierto transparente y responsable con el dinero de los ciudadanos, no tiene nada que temer". 

Pero aquellos que "han hecho de esto un lucro incesante engordando las arcas de entidades privadas a costa de la salud de los ciudadanos, claro que se tienen que preocupar", avisa. Porque "estos modelos de parasitación hacen daño a la sanidad pública, pero también al prestigio de la privada".

No hay varita mágica para la Atención Primaria 

En estos seis meses también se ha hablado, y mucho, de Atención Primaria. "Se está esperando que se cure con una varita mágica, y no hay varita mágica para la Atención Primaria. El deterioro ha sido constante y su recuperación va a requerir tiempo y muchas acciones a nivel ministerial, autonómico, local e incluso de los profesionales, de los estudiantes de Medicina y de los propios pacientes", enumera.

"Si tuviéramos una pastilla que te dijera que va a reducir un 30 % los ingresos, un 30 % las urgencias y entre 20 y un 30 % las mortalidades, pagaríamos una millonada", y resulta que esa píldora, llamada "longitudinalidad", existe. 

Que consiste "básicamente en que los pacientes tengan a su mismo médico más de 15 años, que sea el que te conoce a ti, tus hábitos, tu vida, tu historial, tu familia y tu entorno". Pero eso, "por diferentes circunstancias, se está yendo". 

Solo 8 comunidades están ofreciendo los requisitos "para retener el talento" con "buenos contratos"; a otras se les escapa el 85% de los residentes al acabar su etapa MIR.

Contratos precarios, agendas de 60 pacientes, burocracia... Es lo que "está rompiendo la especialidad en sí misma". "Solo si realmente nos ponemos serios con las condiciones laborales de nuestros profesionales, seremos capaces de retornarlos, si no, es imposible", zanja.