Detrás de uno de los enfrentamientos más sonados en el ruedo municipal encuentra la jueza que instruye la investigación derivada de la “Pokémon” indicios de posibles irregularidades en las facturas emitidas por el IMCE, un ente público dependiente del área de Cultura. Se trata de la confección de los trajes de las Cabalgatas de Reyes de 2012 y 2013, que según denunció el PSOE fueron adjudicadas a una empresa de los padres de la imputada Dulce Rodríguez Anido, asesora de la edil de Cultura.
Las sospechas de la titular del juzgado de instrucción 1 de Lugo se constatan, no tanto en las respuestas de esta imputada, que solo admite que su madre confeccionó “los patrones” de forma desinteresada, como en sus propias preguntas en torno a la elaboración de los disfraces y su posterior facturación por parte de Sermasa, una filial de Vendex, el conglomerado empresarial sobre el que gira la investigación.
En el interrogatorio al que Pilar de Lara somete a Rodríguez Anido sale esta cuestión. “¿Por qué motivo la concejal tenía interés en que los disfraces los hiciera su madre?”, “¿Por ese trabajo percibió alguna cantidad de dinero?”, “¿Se encargó Sermasa de la contratación de sastras para la confección de los disfraces?”, pregunta la jueza durante una declaración que se prolonga durante más de tres horas y media.
Rodríguez Anido niega en todo momento la implicación de su familiar y llega a alegar que su madre “está prejubilada, no puede trabajar”. Pero De Lara parece encontrar una respuesta distinta en la grabación de varias conversaciones telefónicas mantenidas por la asesora de Cultura con el gerente de Vendex en Galicia, José María Tutor, intervenidas por los investigaciones de Aduanas, donde debaten el pago de los disfraces del acto navideño. En una, se escucha a Rodríguez Anido interpelar a Tutor. “El dinero de lo otro, ¿cuándo me los vas a traer? Tienes que traérmelo, que tengo que pagarlo (...) O sea, que tienes que darme el dinero negro... me tienes que pagar”, le dice entre risas. Días antes, en otra llamada telefónica, la asesora pregunta al gerente de Vendex cuándo va a “poder pagar lo de los disfraces”, algo que se repite en sus contactos.
La conclusión de la jueza parece ser clara, a la vista de sus preguntas posteriores: “¿Es cierto que el contratar a Sermasa o que figurara era para evitar que supieran que realmente los trajes los hacía su madre?” “¿Se emitieron dos facturas y Tutor percibió en dos ocasiones el importe de la Cabalgata, como una forma de desviar dinero del IMCE?”. Ante las negativas de la imputada, que ni siquiera se reconoce en las escuchas, la magistrada pregunta de forma clara: “¿Es cierto que en el IMCE se han falsificado casi rutinariamente facturas?”.
La confección y pago de los disfraces centra también el interrogatorio al que es sometida la funcionaria responsable de administración del IMCE Ana Castro Dalda. A ella se remite de forma insistente la asesora de Cultura cuando se le pregunta por la facturación de los trajes, pero ella, al ser interpelada por la relación que la une a esta trabajadora, responde que es su superior jerárquica y por tanto, responsable de autorizar presupuestos, el gasto y los contratos, como el caso del vestuario de la Cabalgata de Reyes.

de dominio público
En su comparecencia como imputada, Castro Dalda justifica la propuesta de pago a Sermasa que ella firma con la existencia de un contrato para la elaboración de los disfraces, y de presupuesto. En cierto momento, la jueza le pregunta por la persona que se encargó del trabajo y ella responde: “En la oficina todo el mundo sabía que la madre de Dulce estaba interviniendo en la confección de los disfraces”.
A continuación, la magistrada  pone una grabación de una conversación entre esta funcionaria con Tutor en la que esta le hace saber que la empresa va a recibir una transferencia “de los disfraces” y que ese dinero “hay que dárselo a Dulce”; según explica Tutor, “para que pague a la señora que los hizo”. Ante esta evidencia, De Lara plantea: “¿Es normal que una empresa adjudicataria entregue un dinero que le acaba de facturar por el Ayuntamiento a un técnico municipal?” “¿No considera que esto es claramente irregular?”. Tras varias evasivas, la jueza aclara su posición: “¿Es cierto que emitió usted una factura falsa, por más que estuviera autorizado el pago?”. Y apunta: “A usted le constaba que el concepto por el que se pagaba la factura es falso y se está facturando a Sermasa por unos gastos que no son reales”.
Minutos antes, cuando la magistrada indaga en posibles irregularidades en las facturaciones, ya anticipa sus sospechas, al preguntar a Castro Dalda si conoce pagos de gastos que Sermasa haya afrontado “y que debería cumplir el Ayuntamiento”, que la empresa revierte después a través de facturación “hinchada o falsa” al IMCE. “Que tampoco son tan tontos para quedarse sin un duro”, observa la jueza. n