Que nada se interponga en el camino de contar con un presupuesto aprobado el próximo 1 de enero. Esa es la intención del Gobierno local, que no quiere que otros asuntos que debe negociar con la oposición como las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) puedan ralentizar el asunto número uno.

A finales de esta semana o principios de la próxima está previsto que se produzcan los primeros contactos serios acerca de las cuentas de 2020 entre el equipo de gobierno y las formaciones de la oposición con las que firmó acuerdos al inicio del mandato, la Marea y el BNG.

En las últimas fechas el concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, José Manuel Lage Tuñas, estuvo recabando las propuestas de las diferentes áreas de gobierno y conformando el borrador del presupuesto a partir del que se empezará a negociar.

El gobierno encabezado por Inés Rey quiere tener el 1 de enero las cuentas aprobadas y para ello necesitará llegar a un acuerdo en las próximas semanas y así contar con el tiempo suficiente para su aprobación inicial y definitiva en el pleno y resolver las posibles alegaciones que se presenten. 
Por el momento impera un clima de entendimiento y diálogo en María Pita y la negociación del presupuesto será una piedra de toque para ver si se mantiene esta sintonía general.

Sin interferencias
Por esta razón y por el carácter prioritario del presupuesto, el Gobierno municipal no quiere mezclar las Inversiones Financieramente Sostenibles para evitar al máximo que haya posibles interferencias. 
Estas inversiones se financian con el superávit del ejercicio anterior, que en este caso es de alrededor de 11 millones de euros, y corresponden a actuaciones destinadas a mejorar el espacio público o el consumo energético, entre otras.

Por el momento no es posible destinar el superávit del año pasado a estas inversiones debido a que el Gobierno municipal incumplió en los últimos meses el período medio de pago a proveedores, el último registro fue de más de 57 días de media, uno de los requisitos imprescindibles para ello y que ya en 2018 obligó al anterior gobierno a usar estos fondos para reducir deuda.

Aunque todavía no se pueda aprobar el destino de estos fondos para las IFS, sí es posible dar el visto bueno al documento que incluya los proyectos que se financiarán con este dinero. 

Esta estrategia ya se empleó a finales del año pasado, cuando la Marea Atlántica quería tener todo listo por si el pago a proveedores de noviembre, el último que se podía tener en cuenta por los plazos, era menor al límite de 30 días y así destinar 15 millones de euros a inversiones en lugar de reducir deuda municipal, algo que no se produjo.