Lo secuestraron durante cinco días en un galpón en Lalín, mientras lo amenazaban y lo golpeaban. A.D.N., un empresario cambrés, fue liberado una madrugada del mes de enero de 2014 por la Unidad Especial de intervención de la Guardia Civil. Ahora, los ocho detenidos por el rapto se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial y se enfrentan a una condena de diez años de prisión.
Esa es la pena que solicita la Fiscalía por secuestro, tenencia ilícita de armas y un delito de faltas por lesiones. Al acusado de tenencia le añade tres años más al decenio solicitado para sus siete compinches. Todos ellos cumplen prisión preventiva desde finales de febrero del año pasado, después de que el juzgado de Betanzos les tomase declaración en aquel momento.
La víctima, un maderero con un negocio en Pravio, acudió hasta Aranga con la intención de cerrar la adquisición de una remesa de madera. Allí le esperaba un grupo que lo abordó y lo introdujo en el maletero de un vehículo.
Trasladaron al cambrés hasta un galpón ubicado en una aldea de Lalín. Allí permaneció encapuchado y amenazado por sus captores, que, además, no dudaron en golpearle.
Ese mismo día del secuestro, la familia recibió una llamada en la que exigían el pago de 70.000 euros a cambio de la vida y la libertad de A.D.N., de 41 años en ese momento.
Los familiares decidieron presentar una denuncia ante la Guardia Civil de Betanzos y cinco días después, a punto de que expirase el plazo para que los malhechores cumpliesen sus amenazas, la UEI lograba liberar a la víctima.

Confusión
Hoy comenzará el juicio contra estos ocho captores. A lo largo de las jornadas que dure el proceso se podrán esclarecer algunos de los interrogantes que permanecen abiertos. Por ejemplo, cuál fue el motivo real del secuestro. 
Desde el principio, la hipótesis que sonaba con más fuerza era la deuda de un familiar de la víctima. De hecho, el secuestrado llegó a escuchar durante su cautiverio que “la cosa no iba con él”. Parece ser que a quien buscaban era a su hermano, aunque en la vista celebrada en febrero en Betanzos, este negó tener deudas con Jesús Mejuto, el presunto cabecilla de esta banda.
A su vez, Mejuto fue el único que en aquel momento, ante la jueza betanceira, reconoció su implicación en el suceso.
Lo que parece que sí había era una deuda del padre de la víctima con el patriarca de los Mejuto. Así lo reconoció el hermano de A.D.N. y el principal acusado expuso que había una sentencia de 2012 en la que al padre del imputado se le reconocía una deuda de 12.000 euros de la familia del secuestrado. Esta cantidad procedía de la tala y venta de madera.