El nombre de la operación policial en la que fueron detenidas, “Moraleda II”, da la pista sobre la filiación de las seis personas que el próximo martes están llamadas a ocupar el banquillo de la Audiencia Provincial acusadas de tráfico de drogas. Su madre, conocida como “la Mora”, está considerada la cabecilla de uno de los clanes gitanos que controlaban el tráfico de estupefacientes en Penamoa y, según el fiscal, sus cuatro hijos y dos hijas han seguido sus pasos, incluso después del desmantelamiento del poblado.
El juicio fijado para la próxima semana tiene que ver con las actividades ilegales que comenzaron a detectarseen el núcleo de San José, a escasos metros de la refinería, tras el desalojo del asentamiento chabolista. Esas casas semirruinosas fueron objeto, entre 2011 y 2012, de varias redadas policiales, entre ellas laque llevó a prisión a la matriarca del clan cuyos miembros se enfrentan ahora a juicio.
Los hechos por los que están procesados se remontan al verano de 2012, precisamente, al mismo momento en que su madre estaba siendo enjuiciada por haber montado, pocos meses antes, lo que la Audiencia definió como un nuevo “supermercado de la droga” en su sentencia, que condenó a la traficante a algo más de cinco años de reclusión.

segunda redada
Las autoridades no tardaron en detectar que, tras el arresto de la matriarca a principios de aquel año –en el curso de la primera operación “Moraleda”– y su posterior procesamiento el negocio ilegal se restablecía en San José. El grupo de estupefacientes del 091 tuvo que posponer su segunda intervención hasta la conclusión del juicio, pero cuando los agentes entraron en las viviendas confirmaron que el tráfico de cocaína y heroína había vuelto al núcleo próximo a Meicende.
Tal como queda reflejado en el escrito de acusación, fue en una de las casas donde se halló la mayoría de la droga que pudo ser intervenida, pequeñas cantidades de cocaína y heroína, distribuidas en una docena de bolsitas termoselladas. Además, se requisaron 1.400 euros en moneda fraccionada, así como tres navajas y cinco teléfonos móviles, que el fiscal vincula con la venta de estupefacientes .
Cuando la Policía entró a registrar las viviendas se encontró a varias personas que estaban consumiendo droga en las viviendas y los alpendres anexos. Tal como indica el escrito de la acusación pública, antes de la redada los agentes habían pasado meses observando el trasiego de consumidores, y habían ido constatando, mediante cacheos, que las personas llevaban droga encima cuando salían de las casas. Sin embargo, resultó imposible decomisar una cantidad relevante de droga, un hecho que el 091 justificó en su momento por un incremento de las precauciones por parte de los traficantes, que reforzaron las medidas de seguridad y sus vigilancias para evitar ser sorprendidos por la fuerza actuante.
Pese a ello, el fiscal considera probado que los cuatro varones y las dos mujeres ahora encausados se dedicaban a traficar, y en este sentido les imputa un delito contra la salud pública por el que reclama para cada uno de ellos seis años de prisión. Como hace notar en su informe provisional, varios de los acusados tienen antecedentes penales, aunque ninguna sentencia firme por drogas. No obstante, la Policía daba cuenta, tras cerrar su actuación, de la cantidad de delitos previos de alguno de los detenidos; en concreto, de uno de los acusados –un varón quincuagenario–, que  acumulaba ya entonces cerca de 60 detenciones.