Ahora que la corporación municipal, con la mayoría de votos del PP y la negativa de BNG y PSOE, ha dado luz verde al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), se abre un nuevo proceso para el documento. El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Martín Fernández Prado, anunció ayer que esta misma semana se enviará el plan general a la Xunta para que dé su visto bueno o introduzca las modificaciones que considere pertinentes en los próximos tres meses.

Fernández Prado comsidera que “lo normal” es que pida “algunos cambios”

El responsable municipal de Urbanismo reconoció que “lo normal” es que el gobierno autonómico pida “algunos cambios” en la propuesta del Ayuntamiento, que se “refundirán” en un documento definitivo que podría entrar en vigor en los primeros meses de 2013. Pero Fernández Prado insistió en que se trata de un proceso habitual y que lo importante es que el pleno haya autorizado “un plan general que mejora enormemente la situación de la ciudad”.

“Todas las críticas que han salido en el pleno se deben a cosas ocultas del pasado, herencias muchas de ellas aprobadas en 2008 y 2009, cuando se estaba tramitando el PGOM”, apuntó el concejal, “pero uno no puede quitar de un plan todo lo que ha hecho la administración en los últimos 15 años”, matizó.

compensación y pleito

De entre las cuestiones pendientes relativas al PGOM está la protección de la Torre de Hércules. El concejal de Urbanismo insistió en que el documento general admite que “pueda ir un edificio soterrado” en la zona de influencia del faro, en este caso la cantera de Adormideras, pero será el futuro plan especial de protección el que determine las características de la construcción. “Ese plan ofrecerá las mayores garantías”, aseguró el edil.

“El plan especial de protección para la Torre ofrecerá las mayores garantías”

Fernández Prado también hizo referencia a las quejas de los vecinos de Adormideras y se comprometió a explorar “cualquiera de las posibilidades para minimizar el impacto en la zona”. Un diálogo que el concejal ve más complicado con los promotores del Agra de San Amaro, que en algunos casos han pedido compensaciones de 100 millones de euros. “Hay gente que no quiere ningún tipo de negociación e irá directamente a pleito”, apuntó Fernández Prado.

El edil admitió que la propuesta del BNG de anular los estudios de detalle de la zona encargados por los promotores podría ser una vía para evitar las indemnizaciones, pero subrayó que los pleitos “tienen unos plazos”. n