Pese a haber cosechado ya dos negativas a su tesis –la última, de la Audiencia coruñesa–, la Fiscalía Superior de Galicia sigue confiada en lograr la nulidad de los contratos de participaciones preferentes suscritos por ahorradores por la vía de la demanda colectiva. La respuesta, según avanzaba ayer el fiscal superior, Carlos Varela, durante los desayunos On/Off del Colexio de Xornalistas, la dará “relativamente pronto” el juzgado de primera instancia 11 de A Coruña, donde el Ministerio Público intentará “facer valer a súa argumentación como acción colectiva por prácticas abusivas”.

“Se a acción colectiva da Fiscalía prospera, o proceso se simplificaría enormemente”, destacó Varela, para explicar que una sola sentencia que declarara la práctica abusiva de los bancos podría resolver las miles de denuncias individuales que, de otro modo, recaerán en los juzgados civiles de toda Galicia.

Teniendo en cuenta el cálculo del fiscal superior, esas demandas podrían rebasar las 30.000, si se tiene en cuenta que hay contabilizados en torno a los 43.000 afectados por las preferentes y solo una cuarta parte han sido satisfechos mediante arbitraje.

“Somos optimistas en que a tese da Fiscalía poda ser acollida nesta primeira instancia”, confió el máximo responsable del Ministerio Público en Galicia, quien, no obstante, se mostró dispuesto a recurrir ante la Audiencia Provincial y llegar hasta el Supremo para defender su posición. “O importante é que o pleito non morrería a nivel provincial, senón que hai posibilidade de chegar ata o Tribunal Supremo interpoñendo un recurso de casación. Todo ese camiño hai posibilidade de percorrelo, pero de momento, o escenario máis próximo e inmediato é o da sentencia do xulgado de primeira instancia”, subrayó.

individualizada

El planteamiento que postula el Ministerio Fiscal pasa por que se declare la práctica abusiva de las entidades financieras y se anulen los contratos de preferentes en todos aquellos casos en que se acredite, de forma individualizada (en ejecución de sentencia), el perfil ahorrador del afectado.

La finalidad, que todos esos perjudicados recuperen sus depósitos, lo que podría alcanzar un montante que según las estimaciones de Varela sería del orden de los 1.200 millones de euros. En este sentido, el fiscal superior indicó que la Fiscalía gallega ya ha solicitado una medida cautelar por esa cuantía.