No se conforman. Los padres de Diego Novo han decidido recurrir ante la Audiencia Provincial la sentencia por la que el juzgado de penal 5 absolvió esta semana a los propietarios del colegio Liceo, e igualmente al director, el jefe de estudios y el coordinador de las actividades de piscina, de la muerte del niño en marzo de 2009 durante una clase de natación. Su abogado, José Luis Gutiérrez Aranguren, confirmó ayer que presentará en nombre de la familia recurso de apelación contra el fallo, que únicamente consideró al socorrista y la monitora que aquella mañana cuidaban de aquella clase de infantil culpables del delito de homicidio imprudente al que se enfrentaban los siete acusados.

A ambos se les impuso la misma pena, año y medio de reclusión y seis de inhabilitación profesional. Pero no es esta decisión la que motiva el recurso, sino la suerte de los miembros de la directiva del centro y del coordinador de la piscina. A ojos del letrado de los padres, la absolución de todos ellos adolece de “falta de motivación” en el dictamen, ya que en varias ocasiones la magistrada se limita a exponer la postura de las acusaciones para luego desecharla.

En el caso de los propietarios del centro, la resolución zanja la cuestión alegando que, tras el análisis de la actuación de los acusados, queda probado que “la instalación –la piscina– contaba con las medidas de seguridad, la normativa establecida para el desarrollo de las actividades en la piscina por parte de los grupos de educación infantil era mejorable, pero no era insuficiente ni inadecuada, y en su aplicación estricta hubiera evitado la muerte de Diego”, y achaca la muerte a la “inobservancia de las normas establecidas” por parte del socorrista o la monitora.

legislación

Con esta fundamentación entronca el segundo argumento que esgrimirá la acusación particular ante la Audiencia para tratar de obtener una sentencia más acorde a sus peticiones. Para Gutiérrez Aranguren, el dictamen hecho público esta semana incurre en un error de interpretación de la legislación sobre seguridad en las actividades de los centros de enseñanza, que obliga a sus responsables a mantenerse “vigilantes de las normas y funcionamiento de todas las clases o actividades”.

A esta normativa, precisamente, se remitía la Audiencia Provincial en el auto en que ordenó sentar en el banquillo a los tres directores del Liceo (el técnico y los propietarios) por la muerte del escolar, contraviniendo el criterio de la jueza instructora y atendiendo a una petición del abogado de la familia Novo. En este sentido, el letrado ve ahora posibilidades de que el recurso prospere, al entender que se la jueza ha incurrido en la “inaplicación de una legislación”.

por omisión

Considerar que existió tanta responsabilidad en quienes vigilaban directamente a los alumnos aquella mañana como de quien tiene obligación de controlar el cumplimiento de las normas de seguridad ha sido desde el inicio del proceso penal el argumento de la acusación particular, que de hecho reclamaba la misma pena para los propietarios y el resto de la directiva que para la monitora y el socorrista.

El abogado de los padres de Diego Novo habla de una “negligencia por omisión”, al señalar que ninguno de los superiores jerárquicos de los dos condenados veló por la seguridad de los estudiantes, que estaban, bajo este punto de vista, a cargo del colegio, y no solo de los dos trabajadores que les ciudaban.