A la parte dispositiva de la sentencia por la que el Tribunal Supremo ordenó hace una semana el derribo del edificio Conde de Fenosa se remitió ayer el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, para respaldar el criterio del alto tribunal. “Las sentencias están para ser ejecutadas”, señaló, en relación a esa última resolución del Supremo, que tumba un auto por el que el órgano que el mismo preside declaraba, en abril del año pasado, “inejecutable” la sentencia que ordena echar abajo el inmueble de la calle de Fernando Macías, declarado ilegal en el año 2001 tras ser sometido a obras de rehabilitación integral por Martinsa Fadesa.
Cadenas evitó evaluar la resolución de la sala de lo contencioso administrativo del TSXG, en la que se calificaba de “desproporcionada” la decisión de demoler el bloque y se apreciaba un supuesto de inejecución de la sentencia “por causa de imposibilidad material”. El motivo esgrimido por los magistrados para cambiar el criterio fijado en la sentencia que ilegalizaba la licencia de rehabilitación y admitir el incidente de inejecución planteado por el Ayuntamiento, la consideración de que los efectos que produciría la demolición de las obras serían desproporcionados “respecto a la entidad de las infracciones cometidas cuando se anuló la licencia”.
“Lo único a lo que me remito es a la parte dispositiva de la sentencia del Supremo, que es lo que hay que cumplir”, reiteró Cadenas, antes de recordar que la jurisdicción contenciosa administrativa en la que se inscribe este proceso no es su especialidad.
El último dictamen del alto tribunal responde al recurso de casación que presentó contra el auto de 2013 el arquitecto Valentín Souto. De acuerdo con los criterios del demandante, la sentencia acuerda que “no concurre causa de imposibilidad material de ejecutar la demolición” y censura la posición del gobierno local, acusándolo de proceder de un modo que “dista mucho de los dictados de la buena fe” al impugnar la orden de derribo.

reunión con los vecinos
Tras conocer el criterio del Supremo, cuya sentencia no es recurrible por la vía ordinaria, el Ayuntamiento pidió esta semana tiempo para que los servicios jurídicos estudien las alternativas. “Quiero trasladar el respeto a las sentencias judiciales”, manifestó ayer el portavoz del gobierno local, Julio Flores, después de asegurar que la voluntad del equipo de gobierno es la de “dialogar con los vecinos”.
A ese fin, el concejal de Urbanismo se reunía ayer mismo con la comunidad de propietarios del edificio, según transmitió también Flores, para buscar una solución que pueda evitar la demolición del bloque, que cuenta con cerca de un centenar de viviendas, además de oficinas y locales comerciales. La abogada que representa a estos afectados, por su parte, apreciaba “vías abiertas” en el fallo del Supremo para evitar el derribo, un criterio con el que concuerda el alcalde, Carlos Negreira. n