El juzgado que en septiembre de 2012 ordenó la demolición del inmueble número 13 de San Roque de Afuera, declarado ilegal por no ajustarse al PGOM de 1998, acaba de establecer los plazos en los que el Ayuntamiento tendrá que proceder a la ejecución de la sentencia. Tal como se acuerda en una providencia del contencioso administrativo número 4 fechada el pasado 28 de enero, en el plazo de dos meses, la administración local deberá tener realizado el proyecto de demolición y en tres meses, “iniciados los trámites materiales (ejecución de la obra) de demolición”.
Con esta decisión, la jueza acoge la petición formulada por la propietaria que inició hace ya diez años el proceso contencioso contra la concesión de la licencia de la obra en comisión de gobierno en diciembre de 2002, un acuerdo que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló de forma definitiva en 2008, ilegalizando el inmueble.

responsable
Desde esa fecha se han producido varias resoluciones en relación con el edificio del Paseo Marítimo. La última la tomaba a finales de 2013 el alto tribunal gallego cuando, en respuesta a un recurso de Promociones San Roque de Afuera SL, atribuía al gobierno municipal la obligación de dar cumplimiento al acuerdo de demolición.
En esa sentencia, la sala de lo contencioso administrativo del TSXG señalaba que es el Ayuntamiento, y no la promotora que levantó el bloque de pisos, el responsable del derribo, al haberse realizado la obra al amparo de una licencia municipal posteriormente declarada ilegal.
Con esta decisión en la mano, los demandantes solicitaron a principios de este año que el juzgado fijase un plazo “que no exceda de los dos meses” para que se procediese al derribo, que según ha fijado la justicia realizará el Ayuntamiento de forma subsidiaria, “a costa del interesado”, esto es, la promotora. A partir de ahí, la empresa tiene abierta la vía judicial para reclamar a la administración local una indemnización por los perjuicios derivados de haber levantado un edificio en base a una licencia municipal irregular, hoy ilegalizada en su totalidad.
El último acuerdo de la jueza concede algo más de margen al Ayuntamiento, si bien señala que este deberá “dar cuenta” al juzgado del proyecto de derribo para poder seguir adelante con la ejecución.