La jueza Pilar de Lara emitió ayer un auto en el que concluye la investigación por supuestas irregularidades en el desarrollo urbanístico de O Garañón, en Lugo, y ordena abrir procedimiento abreviado contra el exalcalde de la ciudad José López Orozco y contra el que era entonces concejal de Urbanismo, el expresidente de la Diputación de Lugo José Ramón Gómez Besteiro, entre otros implicados.

Este auto se emitió precisamente el día antes de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial examine el recurso a la sanción impuesta a la jueza, de siete meses y un día de suspensión de empleo y sueldo, por dilaciones indebidas en los distintos procesos y macrocausas que sigue, como la operación “Carioca”, la “Pokémon” y la de O Garañón.

Según el TSXG, el auto cierra la instrucción y ordena seguir por los trámites del procedimiento abreviado esta causa, relacionada con las supuestas irregularidades cometidas durante el desarrollo urbanístico de O Garañón y que se dirige contra el exalcalde de Lugo, el exconcejal de Urbanismo y los responsables municipales de los departamentos de Arquitectura (S.P.C.), Urbanismo (J.M.G.R.) y Licencias (C.H.H.); así como contra tres promotores (R.I.P., J.C.S. y J.A.D.F.).

El procedimiento deberá determinar si los hechos que se les imputan son constitutivos de uno o varios delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

“Indicios”

Finalizada la instrucción, precisa el TSXG, la magistrada considera que la causa contra Gómez Besteiro “debe seguirse por tres delitos de cohecho, un delito de blanqueo de capitales y un delito de negociación prohibida y abuso en la función pública”. Además, insta a seguir la causa contra el jefe del servicio de Arquitectura del Ayuntamiento (S.P.C.) también por delitos de cohecho, negociación prohibida y abuso en la función pública. Del mismo modo, atribuye a otro de los promotores investigados (J.M.V.C.) un delito de cohecho y otro de falsedad en documento mercantil; y, en el caso de los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (N.D.C. y P.R.V), estima que debe determinarse si los hechos son constitutivos de un delito de exacciones y fraudes ilegales, fraude en la contratación, alteración del precio de concursos públicos y malversación.

De Lara sostiene en la resolución que “hay indicios” de que Gómez Besteiro “adquirió al socio de una constructora un bien inmueble, cuya licencia había concedido siendo concejal, sin pagar parte de su precio ni las obras de reforma”. l