Desde los siete años fue tratado a golpes, a golpes de cinturón, por el sexagenario con el que convivía en un piso de la ciudad junto a su madre. Ahora, a raíz de la paliza que recibió a manos de ambos cuando estaba a punto de cumplir los diez años, su caso ha llegado a los juzgados y va a costarle pena de prisión al autor confeso de las palizas y la pérdida de la patria potestad a su progenitora.

La sentencia, dictada por el juzgado de penal 4 tras un acto de conformidad, hace referencia a la agresión de la que fue víctima el pequeño de origen ruso en el local que regentaban su madre y su amigo en noviembre de 2011. Se produjo, según se indica, después de que el hombre descubriera en la mochila escolar del chaval el ordenador que había desaparecido de la casa. En presencia de la madre, el acusado se llevó a l niño al establecimiento y allí, haciendo uso del cinturón, ambos lo golpearon en repetidas ocasiones hasta causarle hematomas y marcas en un pómulo, el antebrazo, la clavícula, la espalda, los glúteos, los muslos y los tobillos, lesiones que según la sentencia precisaron una sola exploración médica y 30 días de recuperación.

trastorno emocional

Pero ese ataque, por el que el hombre ha sido condenado a 21 meses de prisión y la madre, a siete meses y medio, no era el primero que soportaba el menor, y en este sentido, la sentencia culpa al autor principal de los golpes de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar. Como destaca la magistrada, ese trato dispensado acarreó al menor un trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el comportamiento, que según la resolución está en remisión desde que la víctima fue separada de sus agresores y enviada a un centro de la Xunta.

El traslado se decidió en virtud de una medida cautelar del juzgado, que retiraba a la madre la custodia del niño de forma provisional. De la mujer, el dictamen judicial destaca que consintió aquel último ataque, y que nunca antes había presentado denuncia o llevado al niño al médico por los golpes con el cinturón, que se remontan a dos años antes de las detenciones. Por todo ello, junto a la pena de prisión, la jueza confirma las medidas cautelares que se le impusieron en un primer momento, y que suponen la privación de la guarda y custodia del menor y la pérdida de la patria potestad.