El grupo del PPdeG registró ayer en el Parlamento su propuesta para reformar la ley de salud gallega de 2008 para adaptarla a la pandemia. En el texto se fijan diferentes sanciones, entre las que se encuentran multas de hasta 60.000 euros por saltarse un aislamiento.

Este texto –firmado por los 42 diputados populares, incluido Alberto Núñez Feijóo– establece tres tipos de infracciones: leves (de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros).

Saltarse una cuarentena por parte de infectados o personas con síntomas compatibles con el coronavirus está estipulado como infracción grave, pero pasará a ser muy grave si se hace de forma repetida o si produce un daño elevado en la salud pública.

El rechazo a vacunarse o hacerse pruebas está estipulado como leve (entre 1.000 y 3.000 euros) en el caso de que las repercusiones tuviesen una “incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población”, pero pueden pasar a graves o muy graves en función del daño ocasionado. La multa por no llevar mascarilla se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento.

Entre otras infracciones leves también se encuentran: hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias, incumplimientos de horarios de locales, ausencia de protocolos de contingencia en lugares de trabajo, así como no respetar la distancia de seguridad entre mesas en terrazas.

En las infracciones graves en salud pública están la denegación de colaboración con las autoridades sanitarias, el suministro información falsa, la apertura de locales con prohibición expresa de hacerlo, así como la reincidencia de infracciones leves en los últimos doce meses.
Aquellas que deriven en daños “muy graves” para la salud pública pasarán a la consideración de infracciones muy graves. También la reincidencia de faltas graves en los últimos cinco años. En el caso de las sanciones muy graves se apunta también la posibilidad del cierre de locales por hasta cinco años.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, calcula que esta proposición de ley estará aprobada en el mes de febrero tras su trámite parlamentario, por lo que estas sanciones no regirán hasta su entrada en vigor, pues en la norma se aclara que no tendrán efecto retroactivo. De hecho, los procedimientos sancionadores en tramitación en el momento de entrada en vigor de la ley “se regirán por la normativa vigente en el momento de su incoación”.

Según recoge la proposición, las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres y las muy graves a los cinco.

Preguntado la legalidad de determinadas multas, Puy dijo tener “menos dudas” de que se pueda sancionar por la negativa, por ejemplo, a hacerse una PCR. Respecto a la vacunación, señala que la ley podrá “establecerse en su caso esa obligación”, por lo que “no es un tema que esté cerrado”.

Vacunación
Así, la ley “abre una puerta” en los “supuestos extraordinarios” en los que exista un rechazo a la vacunación autorizada. “Lo lógico es que estas cuestiones se viesen contempladas a nivel estatal”, apunta, pero hay “un rechazo constante por parte del Gobierno de España” a la reforma de la ley orgánica. También dejó claro que “la vacuna es fundamental”, en contraposición a “estos movimientos antivacunas medio libertarios y medio conspiranoicos que niegan la evidencia científica”. Y es que esa “negación de la evidencia científica cuesta vidas”. Puy resaltó que se persigue “mejorar” el marco normativo, por lo que confía en que otras administraciones no recurran los cambios que se introduzcan. 

De tal forma, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, destacó que esta “es una ley importante”, en una reforma de la norma de salud gallega de 2008 que se hará en un único artículo. Asegura que se busca “reforzar” la seguridad jurídica ante “las dificultades para gestionar la pandemia solo con el estado de 
alarma”.