La caída que un peatón sufrió en mayo de 2008 al tropezar con unas planchas metálicas colocadas sobre una acera de la calle de Ángel Rebollo, en Monte Alto, para tapar un hueco causado por una obra va a costarle al Ayuntamiento algo más de 12.000 euros. El viandante tardó más de dos años en recuperarse de las lesiones que sufrió en la muñeca, hombro y rodilla izquierda, lesiones que según el criterio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) deben atribuirse a su falta de atención, pero también a un mal funcionamiento del servicio público.

Con esta conclusión, la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal gallego revoca una sentencia anterior que denegaba al ciudadano el derecho a ser indemnizado, por considerar que únicamente él había tenido la culpa de su caída. Los argumentos, que el perjudicado conocía perfectamente aquella acera porque transitaba a menudo por ella y que sabía de la existencia de las planchas, dado que, pese a no estar señalizadas, llevaban instaladas allí bastante tiempo, y eran perfectamente visibles a la luz del día.

Aunque sin negar la responsabilidad del transeúnte, la nueva sentencia del TSXG discrepa de “relevar de toda negligencia” a los responsables municipales encargados del mantenimiento del servicio público y el cuidado y conservación de la calle: “La colocación en esa zona de la acera de esas dos grandes planchas metálicas a distinto nivel, al estar una más elevada en su engarce con la otra y operando como obstáculo a quien camine en dirección a esa parte saliente, o como pequeño desnivel al que camine en sentido contrario, es una deficiencia manifiesta del servicio público”.

Bajo esta premisa, reparte las culpas entre la administración y el propio lesionado, e impone al Ayuntamiento el pago de un tercio de la responsabilidad que, a ojos del tribunal, correspondería al herido por los 733 días que tardó en recuperarse de los daños, casi 35.000 euros.

Como ponen de manifiesto los magistrados del TSXG, a la caída contribuyó causalmente el hombre, pero también la deficiencia existente en la acera y por tanto el Ayuntamiento, por “su obligación de vigilar y supervisar las condiciones de paso en la vía pública”, aún cuando el obstáculo pertenecía a una obra que no era municipal. A este respecto, la sentencia apunta que, en cualquier caso, el gobierno local puede, después de responder ante el peatón, reclamarle a la empresa por su responsabilidad.