El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) citó a declarar, a partir del lunes, a las dos partes implicadas en el Conde de Fenosa –el denunciante, el arquitecto Valentín Souto, y el demandado, el Ayuntamiento– para decidir si acepta el incidente de inejecución interpuesto por el gobierno local, con el que pretende evitar el derribo del inmueble de Fernando Macías por causas materiales.

En concreto, serán los peritos que elaboraron los informes que presentaron las dos defensas para avalar sus argumentos los que comparezcan ante el alto tribunal gallego. Los técnicos del demandante, en este caso, Alberto Unsaín y Miguel Silva, lo harán en primer lugar. Están citados el lunes, a las once de la mañana, en las dependencias judiciales.

El segundo turno será el del Ayuntamiento. Deberá defender sus pruebas periciales el viernes 19 de octubre, a las once y media de la mañana. En la sesión, el gobierno local justificará el último informe que entregó al Tribunal Superior el pasado lunes 17, justo dos días después de que finalizase la fecha que, inicialmente, le dio el tribunal para conceder o denegar una licencia que permitiese legalizar el inmueble de Fernando Macías.

plazo final

De hecho, las comparecencias se producirán después de que este domingo concluya el plazo final dado por el TSXG –en un auto emitido el 24 de mayo– para culminar el trámite de legalización del edificio. En el mismo se exigía la presentación de un proyecto en el que se pronunciase “sobre los extremos declarados ilegales”, y en el que se contemplasen las obras necesarias para ajustar el inmueble a la normativa vigente en el momento de conceder la licencia.

Los peritos del Ayuntamiento comparecerán el 19 de octubre para defender que el fallo es inejecutable

De no hacerlo, el Ayuntamiento estaría obligado a demoler las obras de rehabilitación ejecutadas en 1997 –por las que el inmueble fue declarado ilegal en 2001–, y devolver el edificio a su aspecto original, es decir, el que tenía cuando albergaba las oficinas de Fenosa.

Tras el auto de finales de mayo, el Ayuntamiento presentó, a principios de julio, un incidente de inejecución, en el que solicitaba al Tribunal Superior que declarase la imposibilidad de llevar a cabo la sentencia de derribo por “causas materiales”.

El último paso dado desde el gobierno local fue el registro, el pasado lunes, de un último informe judicial, realizado por un segundo arquitecto –la administración municipal le encargó el primero a un profesional que, a lo largo de su trayectoria, estuvo vinculado a Fadesa, empresa responsable de las obras de reforma declaradas ilegales–, que fue admitido a trámite por los tribunales. Ahora, el Ayuntamiento deberá defender su postura. n