Hace poco más de una semana que los vecinos de la urbanización Valle Sur, en A Zapateira, alertaban de la presencia de tres extraños en una vivienda vacía del residencial. Aunque los residentes reconocen hoy que el miedo que sintieron fue, probablemente, fruto del alarmismo ya que la familia que ocupó el chalé no genera ningún tipo de conflicto, lo cierto es que casos como este se repiten varias veces por mes, según se refleja en las estadísticas judiciales.  
La ocupación de un bien inmueble por parte de personas que no cuentan con la autorización del propietario se contempla en el Código Penal como delito de usurpación, y desde enero, los juzgados de A Coruña han registrado 43 casos por denuncias de este tipo, lo que representa más de una cada semana.
Entre las que ya se tramitan se cuenta desde esta semana el caso de A Zapateira, tal como confirmaban ayer vecinos de la misma urbanización, que señalan que la entidad bancaria propietaria del inmueble ocupado –el chalé fue embargado a su dueño por impago– ya ha judicializado el asunto para lograr la expulsión.
Pese a que el resto de residentes ni siquiera pueden asegurar si los dos adultos y el menor que el viernes de hace una semana se instalaban en la casa continúan residiendo allí y descartan que se hayan producido incidentes tras su llegada, la ocupación del inmueble está igualmente penada.  En el caso de Valle Sur, todo indica que los feriantes que han habitado la casa podrían enfrentarse a una multa de hasta seis meses, que es lo que establece el Código Penal para los casos en que se ocupa sin autorización “un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular”.  
En una situación similar pueden encontrarse las personas que en 2011 ocuparon el convento de Santa Gema, en Palavea, para convertirlo durante tres años en un “centro cultural okupado”. El edificio fue desalojado de forma pacífica el pasado mes de marzo después de una denuncia de la antigua dueña por usurpación.
Otras conductas más graves, aquellas en las que la usurpación se logra por medio de la violencia o las coacciones, se castigan con hasta dos años de cárcel, además de la condena rconcreta por esos actos violentos o intimidatorios.