La diputada María Faraldo anunció ayer que hoy dimitirá como diputada en el Parlamento, según informó ayer el grupo popular en la Cámara gallega, tras hacerse público un auto fechado el pasado 27 de junio, por el que la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acuerda la apertura de juicio oral contra ella por delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.
De esta forma, la contratación de un profesor para el Conservatorio durante el curso 2009/2010 finalmente sentará en el banquillo de los acusados a la exalcaldesa de Betanzos.
El caso tiene que ver con las irregularidades tanto en la contratación como en el método de pago del profesor que, según las conclusiones del magistrado instructor, fue designado al margen de la Relación de Puestos de Trabajo, de forma verbal y en concepto de profesional autónomo para afinar y reparar instrumentos musicales.
La resolución acuerda igualmente abrir juicio al director del Conservatorio como supuesto autor de un delito de tráfico de influencias y del profesor contratado por un delito de falsedad  documental que tiene que ver con las facturas mediante las cuales cobró por sus servicios.
De este modo, la sala confirma el auto de conclusión de sumario y rechaza las peticiones de Faraldo y el resto de encausados para que se acordara el sobreseimiento libre en relación a cada uno de ellos. Resta ahora que las acusaciones –la Fiscalía y el Ayuntamiento de Betanzos como acusador particular– formulen los correspondientes escritos de acusación y los representantes de los procesados presenten los escritos de defensa para que pueda abrirse el trámite de juicio.

"indicios racionales"
Este último auto avala las conclusiones del magistrado del TSXG que ejerció como instructor en la causa, y que apreció “indicios racionales” de la comisión de ilícitos penales en la contratación de aquel docente, la cual fue objeto de reprobación en su día por parte del secretario municipal y recibió el rechazo del departamento municipal de personal. De hecho, fue el propio pleno de Betanzos el que, en marzo de 2011, acordó remitir un informe del secretario a la Fiscalía donde se advertía de posibles ilegalidades “generalizadas” en este y otros contratos.
Finalizada su investigación, el Ministerio Público solicitó en octubre del año pasado el procesamiento de la conservadora por la posible comisión de delitos de prevaricación y falsedad documental en relación, únicamente, al caso del Conservatorio.
En su informe, el fiscal hablaba de la ilegalidad del contrato del profesor, que según su criterio se realizó de forma arbitraria por parte de la entonces alcaldesa a propuesta del director del centro de música. Según esta tesis, que quedó también recogida en el auto de procesamiento, la entonces alcaldesa aceptó la propuesta para la contratación del profesor a sabiendas de que no había plazas vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo y “de espaldas” al secretario, al asesor jurídico municipal y los interventores. Tras la instrucción se concluyó que Faraldo dirigió al docente en los pasos a seguir para “burlar la legalidad” y le indicó cómo darse de alta en autónomos para confeccionar facturas que posteriormente ella firmaba y validaba, facturas que motivan la acusación contra ambos por falsedad documental. n