La junta de gobierno local aprobó en la sesión extraordinaria de ayer la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, lo que permitirá pagar a los policías locales conforme a su escala funcionarial, como llevaban reclamando desde hace años. El Ayuntamiento había llegado a un acuerdo con los representantes de la Policía Local en junio, y desde entonces ha seguido adelante a pesar de dos informes negativos del interventor municipal.  
La negativa del interventor se debía que, desde su punto de vista, en este caso no se produjo ninguna minoración sino una suspensión o una aplicación del acuerdo. Partiendo de esto, explica que no se puede restablecer aquello que no fue minorado. El alegato de intervención estaba basado en la disposición adicional 29ª de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, y que consideran que no es aplicable en este asunto para restablecer la aplicación del acuerdo de 2009.  
Pero, para la responsable de Seguridad Ciudadana, Rocío Fraga, esta medida supone la recuperación para la Policía Local de una parte de los derechos que perdió debido a las medidas de contención del déficit, ya  desde 2012. Las mejoras económicas alcanzadas tienen efecto desde el uno de julio. Previsiblemente, será a partir de este mes cuando los agentes municipales podrán cobrar su nuevo sueldo, según calcula la concejala de Hacienda, Eugenia Vieito. 
Objeciones legales 
Los policías locales llevaban años reclamando que se les pagaran los sueldos conforme a su categoría funcionarial C-1, pero seguían recibiendo la nómina como si aún pertenecieran a su anterior categoría. La subida mínima serán ochenta euros, aunque depende del rango que ostente el policía municipal. Fraga aseguró en su día que la vía jurídica que ha escogido el Ayuntamiento “é moito máis limpa” (una disposición adicional de la Ley de Presupuestos del Estado) que la que habían sopesado anteriormente y que está muy respaldada, de ahí que obvien la advertencia del interventor de que no se pueden restablecer retribuciones minoradas si no hubo un recorte previo de ellas.
El Gobierno local se aferra al estudio de la asesoría jurídica, porque lo considera sólido y, sobre todo, sirve para poner fin a un conflicto laboral con los policías que lleva prologándose meses, con continuos actos de protesta frente al palacio municipal, y que podría haberse recrudecido de no haberse llegado a una solución, porque la sensación de agravio de los agentes se había agudizado tras años de espera. 
Vieto añadió ya en junio que el informe del interventor “non ten carácter de fiscalización porque no se produce por agora un gasto. É unha opinión xurídica”. Tanto los representantes de CSIF, como de UGT y CCOO demostraron su satisfacción por el acuerdo firmado en junio y que ahora se materializa. El delegado de CSIF y portavoz de la Policía Local, Manuel Aceña, reconoció la importante labor política y técnica. l