Una consultora ourensana, Ingeniería Prestacional Aplicada (IPA), denunció ayer “cobros indebidos” en el consumo del alumbrado público por parte de Gas Natural Fenosa, entre 2009 y 2013, en casi una veintena de ayuntamientos gallegos.
En concreto, los ingenieros José López y Alberto Estévez, junto con Diego López, responsable de Programación y Desarrollos, cifraron en “488.454 euros” la cantidad a reclamar a la eléctrica por el cálculo incorrecto del consumo de energía reactiva, de los cuales solo se habría procedido a la devolución de algo más de 100.000 euros.

“Parcial y escandalosa”
La compañía, tras reconocer el error en los cobros, procedió a la devolución correspondiente a la última anualidad, indicaron, y en rueda de prensa ofrecida ayer, López calificó de “escándalo” esta “devolución parcial” de las cantidades reclamadas por parte de la compañía, y criticó la “interpretación interesada” de la compañía de la legislación.
Desde 2012, estos ingenieros presentaron diversas reclamaciones ante la delegación de Industria de Ourense y posteriormente ante el Servicio de Consumo “por cobros indebidos de los años 2009, 2010, 2011 y 2012”.
A raíz de las denuncias, la consultora elaboró un estudio a partir del cual detectó irregularidades en el cobro en los ayuntamientos ourensanos de Parada do Sil, Pereiro de Aguiar, Xunqueira de Espadañedo, Maside, Nogueira de Ramuín, Boborás, Muíños, Maceda, Laza; o Barco de Valdeorras, San Amaro, Beariz, así como en municipios de Lugo y Pontevedra.

Expediente sancionador
Recientemente, la Consellería de Industria informó de la apertura de expediente sancionador a la compañía, después de que varios alcaldes anunciaran que acudirían a la vía judicial.
La eléctrica se ampara en el informe de la Comisión Nacional de Energía para proceder a la devolución únicamente del último año. Pero para López, se trata de una “lectura interesada” tras asegurar que este órgano es meramente “consultivo” y por ello recordó que la legislación establece que en caso de haberse facturado de más, “deberán devolverse todas las cantidades”.
Los técnicos que dirigieron las reclamaciones estimaron que en el conjunto de los municipios de Galicia podrían haberse facturado “de 8 a 10 millones de euros”, en contra de lo legalmente establecido. Según sus cálculos, es una extrapolación “conservadora”, para la cual se han basado en que un 10% de los 314 ayuntamientos gallegos no habría resultado afectado.