El Ayuntamiento está dispuesto a recuperar los terrenos de la antigua prisión provincial sin pagar los 1,2 millones que se recogen en el convenio que firmó el gobierno del PSOE en 2005 con el Ministerio de Interior, por una permuta para la construcción del centro de inserción social. La propuesta que se enviará a la dirección general de Instituciones Penitenciarias pasó ayer por junta de gobierno, y en la misma se solicita al Gobierno central la resolución de un nuevo acuerdo con el consentimiento de ambas partes. Si no hay consenso con Interior, en la administración municipal revisarán de oficio el expediente para anular el convenio y lograr la reversión gratuita de la cárcel, al considerar “lesivo” para los intereses municipales el acuerdo de los socialistas.
La teniente de alcalde de Hacienda, Rosa Gallego, explicó ayer que en la propuesta que negociarán con el Estado plantearán tres opciones: acordar la mutación demanial subjetiva de la parcela donde se asienta el centro de inserción social, con lo que la parcela mantendría los mismos usos que tiene ahora; firmar la concesión demanial gratuita de esta finca hh por un máximo de 75 años y vinculadaa fines de dominio público y, por último, solicitar la reversión gratuita de la parcela de la antigua prisión provincial en beneficio del Ayuntamiento.
La concejala recordó que el conflicto se remonta a 1925, cuando la administración municipal compró unos terrenos para cedérselos al Estado para construir una cárcel. En 2005, el Ayuntamiento, en manos del PSOE, “en lugar de solicitar la reversión de las fincas, volvió a pagar por lo que en su día ya había pagado y cedido por la ciudad para un fin concreto”. Tal y como insistió Gallego, el gobierno local negoció en ese momento con Instituciones Penitenciarias una permuta de unos terrenos para la construcción del centro de inserción social (muy próximo a la cárcel), “en la que le salía a para a los coruñeses más de 1,2 millones de euros”.
Además de ser “perjudicial para los intereses municipales”, Gallego aseguró que el convenio se firmó “prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, ya que se “obviaron” los controles de asesoría jurídica y el informe del interventor.

sorpresa
La edil sostiene que la noticia de la revisión del convenio causó sorpresa en Instituciones Penitenciarias. “Ellos su parte la han cumplido”, recalcó la teniente de alcalde, que explicó que en el Ministerio del Interior por ahora no se han pronunciado, y que solo se invitó al Ayuntamiento a que les haga llegar sus propuestas.
Sobre cuánto tardaría en resolverse el expediente de oficio para anular el convenio, la concejala explicó que si se acuerda vía administrativa, el proceso sería rápido, pero el conflicto podría acabar en vía judicial, lo que complicaría la cesión gratuita de la cárcel al gobierno local. Pese a los paso que se están dando para la recuperación de la antigua prisión, no está claro el proyecto que reserva el Ayuntamiento para el edificio.