Después un mes de conflicto en el servicio de recogida de basura, la alcaldesa, Inés Rey, acaba de declarar el estado de emergencia sanitaria. Rey había dado un plazo de tres días a la concesionaria, Prezero para que solucionase el problema. No ha sido así. 

A las 15.41 entrará en vigor a declaración, "que é cando remata o prazo", señaló la regidora. El Ayuntamiento realizará un contrato de emergencia con una empresa que limpie los puntos señalados como prioritarios. El 24 a las 10.00 horas finaliza el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas y la escogida prestará servicio inmediatamente y de forma indefinida hasta que se solucione el problema.

La empresa deberá contar por lo menos con trece vehículos (furgonetas) y de 32 operarios para poder atender la limpieza. Existen puntos de la ciudad con un "notable risco" para la salud que han sido identificados por el servicio de Medio AMbiente y ratificados por la Consellería de Sanidade. 

La alcaldesa reconoció que, en una situación como a que estamos a vivir, os plazos semellan longos, pero son os que "marca a lei". También se ha constituido una comisión de seguimiento de la emergencia, que presidente la propia Inés Rey. Está formada por la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira; la de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, y el concejal de Economía, José Manuel Lage. 

"Lamento as molestias ocasionadas a todos os veciños", declaró Rey durante su intervención. No es la primera vez que declara una medida de este tipo. Ya lo hizo durante abril de 2022, durante una ola de incendios en camiones de basura. En ese entonces, la declaración se realizó una semana después de que comenzara el conflicto, pero esta vez ha tardado un mes. 

Al ser cuestionada al respecto, Rey explicó que entonces no se había declarado una huelga, y en esta ocasión, sí, de manera que ha sido necesario esperar porque afectaba a un derecho constitucional. No se puede contratar a otros trabajos cuando la plantilla entra en un paro anunciado. "Hemos recabado informes medioambientales, de seguridad y de los servicios jurídicos para emitir un decreto en medio de una declaración oficial de huelga", aclaró.

Aunque Rey entiende el malestar del público, no solo por la recogida de basura, sino por los "actos de extrema violencia y vandálicos" (en referencia a la quema de contenedores de basura) pero advierte de que no tiene "una varita mágica". " A veces, los tiempos de la administración me exasperan, pero el derecho a la huelga es fundamental", recalcó.

En cuanto a  los actos vandálicos, el Ayuntamiento ha pedido un refuerzo de las patrullas de la Policía Nacional. "Esperamos que pronto haya avances en la investigación", dijo para añadir que después de 18 años hay un gobierno que dice "no al chantaje y a la extorsión. Esta vez vamos a estar todos unidos para acabar con el problema". 

El problema al que alude es STL. Este sindicato local controla no solo la recogida de basura, sino la limpieza viaria, y utiliza periódicamente la huelga como método de presión. Fuentes próximas a la empresa le acusan de querer controlar la contratación pero STL asegura que solo quiere que se cumpla el convenio y el pliego de condiciones. En todo caso, hay cerca de 90 sancionados en este mes y para acabar con el conflicto, STL pide que se retiren todos los expedientes. Prezero se niega. 

En cuanto a por qué la emergencia sanitaria solucionará el problema cuando la primera, la de 2022, no lo hizo, asegura que las medidas que van a tomar son diferentes. Sobre todo, porque no se van a retirar las sanciones que se han impuesto incluso a miembros del comité de empresa. "Es un punto de inflexión y no va a haber cesiones, no se van a retirar expedientes a cambio de recoger la basura declaró-. Antes alguien decía 'juego revuelto' y volvíamos a la casilla de salida. Pues ya se acabó ese juego". 

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, consideró que la decisión es acertada, aunque llegue tarde. "Hay aceras por donde no se puede pasar, olores, gaviotas... Tenemos un problema de salud pública". Su colega del BNG, Francisco Jorquera,  recordó que "non só estamos ante un conflito que pode derivar nun problema de saúde pública, senón tamén de seguridade cidadá, polo que a adopción destas medidas era absolutamente urxente como vimos defendendo durante estas semanas. O Concello non pode claudicar ante a chantaxe”.