El Ayuntamiento de Arteixo está más cerca de ganar la batalla definitiva en los tribunales a Aqualia –la de la indemnización de unos 29 millones que exige la administración a FCC–, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya desestimado un recurso de Aqualia y reconozca en su sentencia dos puntos que podrían ser claves: el mal estado de la red bajo la gestión de la empresa mixta Augarsa y el incumplimiento de las inversiones programadas que en los seis años de contrato deberían haber ascendido a ocho millones de euros.
En concreto, los magistrados han desestimado el recurso de Aqualia por el que exigía la resolución del contrato, pero por incumplimiento imputable al Ayuntamiento de Arteixo. Los jueces afirman que los argumentos de la administración son “sólidos”, mientras que la defensa de la parte privada se desarrolla con una “incongruencia procedimental”, además de considerar que sus postulados son “contrarios a las reglas de la buena fe”.

Procedimientos
El pleno de Arteixo aprobaba el 4 de abril de 2013 la resolución del contrato de Augarsa, por incumplimiento culpable de Aqualia. En segundo lugar, desestimó terminar de mutuo acuerdo la relación contractual e incoar un expediente para determinar la indemnización. Por último, los concejales denegaron la solicitud de la parte privada de resolver el contrato por incumplimiento imputable al Ayuntamiento.
Este último acuerdo es el que llega ahora al TSXG –el resto siguen la vía judicial–, después de que el Gobierno local rechazase las alegaciones de la empresa y de que un juzgado en primera instancia desestimase las pretensiones de Aqualia, sentencia que avala ahora el Superior.
Los jueces de la sala consideran probado, según una auditoría técnica de agosto de 2012, el “deficiente estado de mantenimiento y conservación” de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento. Una tesis que “no ha sido desmentida”. Además, también avala que la parte privada, cuando tenía que realizar una contratación, los precios eran “sensiblemente superiores a los de mercado” cuando se trataba de empresas relacionadas con el grupo empresarial, FCC. 
Si consideran que la actuación de la administración parece justificada, los magistrados califican de “paradójico sarcasmo”, que Aqualia argumentase su postura con una “mera noticia de prensa”, en la que se alude a la “actual mejor marcha financiera” del servicio una vez que el Ayuntamiento lo municipalizó.
Es un punto que entienden como “irrelevante” al referirse “a un momento temporal” distinto al que estaban dirimiendo en la sala. En este apartado incluyen que Aqualia no aportó “ni prueba fehaciente, ni indiciaria” que pueda llevar a plantear un incumplimiento contractual culpable por parte del Ayuntamiento.

Reacciones
Una vez conocida la sentencia, el Gobierno local la consideró “demoledora” al mencionar esta que la empresa no hizo “honor a los compromisos de eficacia técnica e inversión”, además de apreciarse el aumento de los precios de contratación.
Por su parte, el alcalde, Carlos Calvelo, opinó que es “la demostración de la tesis que desde la administración local hemos mantenido” en los últimos tres años, que Aqualia “había incumplido su contrato” y la decisión de “rescatar el servicio de agua estaba basado en unas circunstancias financieras y empresariales de extrema gravedad”.