La grave caída que sufrió en septiembre de 2007 un operario de una empresa de metalurgia durante los trabajos de reforma de una nave del polígono de Sabón  llega a finales de este mes a los juzgados y puede costar al administrador de la compañía hasta dos años y medio de cárcel y el pago de una indemnización de 230.000 euros.
Se le acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores vinculado a otro de lesiones por imprudencia en relación con el accidente, que ,según el Ministerio Fiscal, se produjo porque el acusado “omitió las más elementales medidas de precaución exigibles”, al no dotar la zona de trabajo de sistemas que permitiesen el anclaje de protección individual anticaídas o sistemas de protección colectiva, como una línea de vida o redes horizontales de seguridad.

con arnés
El siniestro se produjo cuando el trabajador, oficial de primera, realizaba sus funciones en lo alto del tejado, a una altura aproximada de seis metros, para sustituir las placas de uralita. Según se hace constar en el escrito de acusación, utilizaba arnés de seguridad pero, ante la ausencia de una línea de vida, se veía obligado a soltarse en sus desplazamientos por la cubierta, cuando saltaba de una viga a otra. La caída le sobrevino cuando realizaba esta operación y una de las uralitas venció bajo sus pies.
Consecuencia del impacto contra el suelo, el hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico con hemorragias y contusiones que le mantuvieron en la UCI 20 días y le costaron 400 días de recuperación. Según detalla el fiscal, el golpe le ha dejado como secuelas, entre otras, un deterioro leve de las funciones cerebrales superiores, dolores cervicales y lumbares y visión doble que le han valido la incapacidad total permanente.