El fiscal del Tribunal de Cuentas ve “indicios sugerentes de responsabilidad penal” en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, lo que le llevaría a pedir a la justicia ordinaria que revise este asunto. Las irregularidades detectadas tienen que ver con la facturación de servicios de Neurona Comunidad S.L. con la que se contrató para dicha campaña.

La “necesaria y ulterior investigación para determinar si tales irregularidades tienen relevancia penal corresponde a la Fiscalía competente, por razón de la materia y del territorio”, informó la Fiscalía del órgano contable en un comunicado, por lo que previsiblemente este asunto sea remitido en las próximas horas a la Fiscalía de Madrid.

Fraude y falsedad

La Cadena Ser adelantó que el fiscal del tribunal de cuentas Miguel Ángel Torres apunta dos tipos de delitos –fraude electoral y falsedad en documento mercantil– en un informe interno que remitió a la Sección de Judicialización del órgano contable, en los servicios facturados a Neurona al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.

Dado que este tribunal carece de competencia para el conocimento de tales infracciones penales, el fiscal interesa la expedición del denominado “testimonio de particulares”, lo que significa que debe remitir el asunto a un fiscal de la justicia ordinaria para que determine si el asunto debe ser llevado o no a los tribunales.

Para el fiscal, según la información dada por la citada emisora, un total de 290.000 euros facturados a Neurona analizados durante la fiscalización de los comicios del 28-A ”no tienen consideración de gasto electoral” y por ello no fueron admitidos como “susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales”, apuntando a un posible contrato simulado.

Un servicio poco acreditado

En su informe de fiscalización sobre los gastos electorales del 28-A, dado a conocer a principios de este mes el Tribunal de Cuentas ya señalaba sobre Neurona que Unidas Podemos aportó en sus alegaciones a este órgano algunos vídeos y diseños publicitarios, si bien no había quedado “suficientemente acreditada su efectiva elaboracion por parte del proveedor”.

Durante la fiscalización se solicitó a la coalición sucesiva información en relación con el gasto en concreto, que debía aportar un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios a prestar, y se valoró económicamente cada uno de los conceptos de facturación.

“Ante dicha solicitud, la formación envió un contrato de prestación de servicios por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019; en el contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado” l