En este país, cuando un ciudadano es citado a declarar en concepto de imputado  el protocolo es sencillo y, según la Constitución, igual para todos. A la hora señalada, el ciudadano comparece en el edificio judicial y pasa previamente por los controles correspondientes; por ejemplo, en A Coruña, por la denominada “pecera”, o lugar controlado por dos agentes de la policía nacional donde unas máquinas comprueban si la persona en cuestión porta algún objeto peligroso.
Franqueada la entrada, se dirigirá, sólo o acompañado de su abogado y, según los casos, de periodistas y fotógrafos, hasta la puerta del juzgado de instrucción en cuestión a la espera de ser llamado a declarar y, terminado el acto, comentar con el letrado los términos de su defensa. Fin de la llamada “pena del paseíllo”.
La instrucción continua y, en el más del 99 % de los casos, el Ministerio Fiscal acusa, elevándose la causa al Órgano sentenciador. Con suerte, los juicios complejos se celebrarán al cabo de diez años. La denominada “pena de banquillo”. Muchas veces, el ciudadano sale absuelto con todos los pronunciamientos favorables, o con penas ínfimas con relación a las acusaciones y/o macrocausa instruida.
Entre tanto, cual dantesca caída a los infernos, le sucederán episodios y cambios vitales muy desagradables, según la gravedad del delito imputado, tanto con relación a su patrimonio, como a su vida profesional y familiar. En todo caso, no existiendo en el derecho español la condena en costas del Fiscal perdedor, el ciudadano siempre pagará aunque salga absuelto, tanto al “brillante” abogado, como al procurador, notario, peritos, etc.
Hay, sin embargo, seres privilegiados, exentos de “penas del paseíllo y banquillo”. Por ejemplo: el Juez Decano tendrá que decidir cómo se realizará el acceso al juzgado de la infanta Cristina para responder de los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal; y tendrá que adoptar tal esperpéntica decisión después de que el Ministro de Justicia alentara en los medios de comunicación que no se lleve a cabo por la puerta principal, a pie, expuesta a la mirada de todos, y de la celeridad con que debe concluirse este proceso.
Como refuerzo, el Fiscal, adelantó también públicamente que no se celebrará juicio contra la Infanta, utilizando en sus últimos escritos, como ha señalado la asociación de jueces Francisco de Victoria, expresiones “impertinentes y ofensivas”, y “acusaciones muy graves a la actuación del juez instructor”, intolerables en un Estado de Derecho.
¿Igualdad ante la Ley? Ustedes mismos.