Según viejo dicho popular, para mover un burro no basta con golpearlo con un palo. Resulta más efectivo si, además, existe un incentivo: una zanahoria. La misma técnica utilizada hoy en los sectores del marketing, publicidad, deportes, política... Y, según parece, también en la judicatura, donde el nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) afirmó que este organismo fue creado para dos funciones que no pueden estar en manos del Gobierno: el nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque “al juez se le controla con el palo y la zanahoria”. 
La singular reflexión ha irritado a la mayoría de los miembros de la carrera judicial. Desde sus asociaciones, al tiempo que piden su dimisión y que los vocales del CGPJ se pronuncien al respecto, se califica falta de respeto inaceptable dar a entender que se les puede domesticar como animales; destacando irónicamente el gran talento para la metáfora de quien concibe al juez como un burro de carga, y a sí mismo como el señorito que lo monta y lleva el palo, premiándole o castigándole según se comporte. Le recuerdan que durante ocho años ocupó el cargo político de director general del Ministerio de Justicia en el Gobierno de Aznar, y que participó en numerosos actos de la FAES, la fundación de carácter ideológico del PP, sin que a pesar de ello, de vuelta a la judicatura llegado el Gobierno de Zapatero, se le cuestionara su independencia e imparcialidad a la hora de intervenir como magistrado en asuntos relacionados con el poder político; reprochándole, que, desde esa contradictoria perspectiva, les recrimine que expresen opiniones o suscriban manifiestos, cuando él mismo se prodiga en expresar las suyas. En suma, que con una concepción autoritaria y clientelar del poder “a quienes comulgan con sus puntos de vista se les ofrece la zanahoria, en forma de premios y nombramientos; y a quienes tienen otra forma de pensar se les persigue con el palo en la creencia de que se les puede domesticar como animales”.
Todo ello no hace más que mostrarnos la fundada preocupación de la mayoría de jueces y ciudadanos de cumplirse los peores pronósticos sobre la politización del CGPJ, tras asegurarse Gallardón una mayoría del órgano de gobierno judicial afín a sus intereses políticos; obviando que, por naturaleza, los jueces son profesionales independientes que acatan honradamente su función.