Con la autoría principal de su director ejecutivo y acreditado experto en financiación pública, Ángel de la Fuente, el think-tank Fedea (Fundación de estudios de Economía aplicada) ha puesto encima de la mesa un estudio titulado “Algunas reflexiones sobre el informe del pacto de Toledo y los planes del Gobierno en materia de pensiones”.  

Éstas van a constituir, en efecto, una de las reformas y controversias estrella del curso político y social postnavideño.  Así será por la división que se vislumbra en la propia coalición de gobierno, por las tensiones que generen en el diálogo social, por su  impacto en la economía nacional y por su incidencia en el sufrido bolsillo ciudadano. Bruselas, además, mucho tendrá bastante o mucho que decir.

En opinión de Fedea, tanto la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo como el  Gobierno comparten un diagnóstico francamente optimista e intencionadamente tranquilizador de la situación actual y perspectivas futuras de nuestro sistema contributivo de pensiones. En opinión de una y otro, el actual déficit de la Seguridad Social se debe por entero a que el sistema soporta una larga lista de cargos impropios que debería sufragar el Estado, lo que debe verse, en consecuencia, como el resultado accidental de una mala contabilización y no como  indicio de problemas estructurales y de sostenibilidad.

Comisión y Gobierno consideran que nuestro país está en condiciones de absorber sin excesivos problemas el incremento del gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población y en particular de la jubilación de los baby boomers (nacidos entre 1956 y 1965) porque, a su entender, partimos de una posición más favorable que los países de nuestro entorno.  

Apoyándose en tales premisas, ambos apuestan por un cambio de política que supone eliminar buena parte de los mecanismos automáticos de control del crecimiento del gasto que constituyeron el meollo de la reforma de 2013 (primer Gobierno de Mariano Rajoy) y fiar la financiación a un incremento de las aportaciones del Estado.

No obstante, el documento recuerda que los gastos realmente impropios ascienden en el mejor de los casos a 4.700 millones de euros, lo que supone menos de una cuarta parte del déficit previsto. Se trata de un agujero creciente que cada vez absorberá más gasto social del Estado y en realidad, de trasladar un problema real a otro sitio donde será más difícil abordarlo.

Según algunas proyecciones precovid, y trabajando con hipótesis optimistas sobre evolución del empleo y otros factores, como un escenario migratorio más favorable, todo apunta a un crecimiento significativo del déficit y a una consiguiente considerable presión sobre el resto de las cuentas públicas.

Y si a esto se añade el impacto de la pandemia sobre el PIB, stock de deuda, ingresos tributarios y necesidades crecientes de gasto público, resulta difícil evitar la conclusión –estima Fedea– de que necesitaríamos prestar más atención al control del gasto en pensiones de lo que el Gobierno propone.