Después de que el Tribunal Supremo haya decidido rebajar de 6 años a 9 meses la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Baleares al popular Jaume Matas, y archivar las causas contra el socialista José Blanco y la foralista navarra Yolanda Barcina, crece cada vez más, si cabe, la indignación social ante el aparente tufillo de un pacto para tapar algunos de los casos más escandalosos de corrupción o concluirlos rebajando la real trascendencia de los hechos enjuiciados.
Ello ocurre en un momento en que la mayoría de la sociedad no es que espere nada bueno de sus dirigentes, es que espera lo peor, y lo peor, precisamente, también es lo que les desea. Cierto que podrían ser inocentes y que los lentísimos procesos judiciales favorecen esa sensación de responsabilidad penal, como hacia cualquier ciudadano, la llamada “pena de banquillo”, pero es que estos casos aún se ralentizan más, no sólo por esa falta de medios que afecta a todo justiciable, sino también por las argucias procesales que, torticeramente, aprovechando un sistema procesal obsoleto y fácilmente manipulable, los propios partidos políticos provocan personándose en las actuaciones como acusación particular, cuando, realmente, se limitan a defender al propio acusado, miembro del partido, y, con ese fin, obstaculizan y dilatan la instrucción con todo tipo recursos y solicitud de inútiles diligencias de prueba; hasta que, finalmente, se les salva el trasero por altas magistraturas pobladas de juzgadores elegidos no precisamente siguiendo la política del mérito y capacidad sino la de los hechos consumados, al dedocrático modo.
Si ya era excesiva la conexión entre el poder político (ejecutivo y legislativo) con el judicial, en los tiempos que corren se intenta anudar cada vez más, poniendo todo el marco democrático bajo sospecha. En cualquier caso, estas últimas decisiones judiciales, más que contento, aumentan la idea de que la corrupción sigue pujante, y que, además, los jueces son, como mínimo, blandos y consentidores en estos casos, pero, duros e implacables al aplicar la Ley al ciudadano corriente.