El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha pedido a todos los empleados de la fábrica la “máxima colaboración” con los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para “que se aclare la verdad”.

Así se ha pronunciado a las puertas de la fábrica esta mañana en declaraciones a la prensa, mientras efectivos policiales desarrollan registros en las instalaciones de A Coruña y Avilés en el marco de un operativo por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de la compañía.

Hasta las fábricas, anteriormente propiedad de Alcoa, se han trasladado sobre las 9:00 horas varios furgones policiales.

López Corbacho, que fue despedido recientemente por causas disciplinarias, ha narrado que al mismo tiempo que entraron los efectivos policiales también llegó la Inspección de Trabajo.

“Estas actuaciones eran esperadas en cualquier momento, porque sabíamos que la investigación estaba bastante avanzada”, ha indicado Corbacho, que ha aludido a “presuntos delitos de estafa”.

Asimismo, ha reclamado a las administraciones estatal y autonómica “amparo” y la confección de “una hoja de ruta” para encontrar una solución industrial, sin contar con las empresas implicadas en “este engaño tremendo”.

Fuentes de la compañía Alu Ibérica, consultadas por Efe, todavía no se han pronunciado sobre la operación.

Registros

En el marco de dicha operación se incluyen un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.

La investigación, dirigida por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en sus diligencias previas declaradas secretas y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones.

En el operativo van a participar más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, incluida la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF), además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Querella y huelga

Las dos plantas pertenecían con anterioridad a la multinacional norteamericana Alcoa, que las vendió en una operación sobre la cual la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas.

La querella se presentó por hechos que a juicio de los sindicatos son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, y se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group.

En la planta de A Coruña, el comité tiene convocada una huelga desde el 26 de diciembre por el despido de una trabajadora, al que se sumó posteriormente el de cuatro representantes sindicales, entre ellos el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho.

Esta semana, el juzgado de lo social número 1 de refuerzo de A Coruña condenó a la empresa por vulneración de derechos fundamentales en relación al ejercicio de la libertad sindical.