Hace un año que el Ayuntamiento está trabajando para eliminar las viviendas de San José, unas casas semirruinosas situadas en el límite con Meicende que hace quince años que se han convertido en un punto de venta de drogas como la heroína. En noviembre, la Concejalía de Urbanismo sacó a licitación los trabajos de demolición, pero se ignora cuándo se llevarán a cabo: una maraña de recursos judiciales presentados por los residentes mantiene en el caso en los juzgados, y se ignora cuándo se podrá desbloquear para ejecutar el derribo.

Hay que tener en cuenta que en esas viviendas se hallan empadronadas varias personas, aunque técnicamente sean okupas, muchos de ellos venidos desde el extinto poblado de Penamoa. Por tanto, todos están identificados y notificados, pero están echando mano a todos los recursos que les ofrece la ley para retrasar lo que, desde el Ayuntamiento, aseguran que será inevitable. “Estamos pidiendo autorización judicial, y cuando podamos ponerlos fuera, haremos la demolición”, señalaron fuentes municipales.

No está claro cuándo será posible, puesto que el covid también ha provocado un considerable retraso en los tramites judiciales, como en otras instancias. Las previsiones municipales incluían que San José no fuera más que un solar antes del verano, pero todo queda en manos de la autoridad judicial.

Intervención

El presupuesto para los trabajos asciende a 219.183,48 euros y tendrán un plazo de 14 semanas. La zona a intervenir comprende 18 fincas donde se disponen viviendas unifamiliares aisladas o entre medianeras. Con el derribo de los inmuebles, reza el proyecto, se pretende “dejar el solar completamente libre de edificaciones y cierres en la zona que ocupará en un futuro la avenida de Finisterre, cuando se efectúe en esta la ampliación descalzada”.

El derribo es prácticamente la única solución posible para eliminar este punto negro de venta de drogas, dado que la acción policial se ha revelado insuficiente. En los últimos diez años se llevaron a cabo dos grandes redadas contra este punto negro: una en 2012, cuando varios integrantes del clan acabaron en la cárcel aunque solo se hallaron 60 dosis de cocaína y cinco de heroína, y otra en noviembre de 2018, donde se incautaron de 20 gramos de esta sustancia y otros tantos de cocaína, una cantidad relativamente pequeña, dado que la mayor parte de los traficantes almacena la droga en un emplazamiento distinto del punto de venta, por seguridad.

Pese a estos esfuerzos, la actividad no ha cesado y de vez en cuando se producen incidentes violentos, a pesar de lo apartado del lugar. El último en enero, cuando un joven de 19 años golpeó a un hombre de 31, produciéndole heridas en el rostro. Se le detuvo e intervino un puño americano y una navaja. Sin embargo, nadie se hace ilusiones: una vez se haya derribado, el clan seguirá con la venta de droga, la única incógnita es si lo hará en Meicende o en A Coruña.