España es desde hoy el sexto país en el mundo que regula la eutanasia que, para cualquiera que tenga un mínimo de cultura, es palabra que nombra la buena muerte, no el asesinato. La votación en el Congreso ha sido contundente y transversal. Solo se han opuesto a ella el PP y Vox, la derecha que siempre fue contraria a la regulación de derechos como el divorcio o el matrimonio igualitario de los que después ha disfrutado. Como no cabe ninguna duda de que no todas las mujeres que han abortado en España en virtud de una ley a la que también se opusieron son de izquierdas. Vox ha amenazado con llevar la ley al Tribunal Constitucional. Es su legítimo derecho. Si el tribunal la tumba, se dejará de aplicar, aunque no creemos que si la valida sea respetada por los recurrentes.

Es una ley reclamada desde hace 20 años por las asociaciones que defienden una muerte digna y apoyada por el 80% de los ciudadanos según el CIS. Es una ley que ha tenido varios intentos en los últimos tres años que se quedaron en el camino y que impidieron a muchos españoles acabar con una vida que ya era invivible. Por eso este es un buen día para rendir memoria y homenaje a personas como Ramón Sampedro, Inmaculada Echevarría, Luis de Marcos, María José carrasco, Maribel Tellaetxe, Antonio Aramayona y tantos otros que, ante un final de vida insoportable, pidieron ayuda para morir dignamente como voz que clama en el desierto. Y también es buen día pare recordar que también es buen día para recordar que el ideólogo ventrílocuo de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, llamó nazi al doctor Luis Montes y fue condenado por un delito de injurias. Mientras las causas emprendidas por el gobierno de Esperanza Aguirre contra este doctor fueron finalmente sobreseídas.

La ley aprobada establece procedimientos, controles, garantías y causas muy tasadas para el ciudadano que pida la eutanasia. Evidentemente, no obliga a nadie, tampoco a los profesionales que por motivos de conciencia no quieran practicarla. Solo desarrolla aquellos aspectos de la Constitución que garantizan una vida digna al ciudadano y preservan su derecho a ponerle punto final cuando una enfermedad irreversible y tortuosa hace que la vida sea, sencillamente, invivible.