El Gobierno parece decidido a no incorporar en la futura Ley de Vivienda la limitación del precio de los alquileres. Ábalos ha explicado que la medida no ha tenido éxito allá donde se ha instaurado. Ciudades como Berlín o Estocolmo son el ejemplo. Allí ni los precios bajan, ni la oferta aumenta. Muy al contrario, el mercado está roto y además fomenta el dinero negro.

Desde que se formó el Gobierno de coalición, éste ha sido uno de los caballos de batalla de los de Iglesias y estos últimos. Iglesias intentará desde fuera del Ejecutivo seguir dando esa batalla, aunque parece perdida. Desde el Ministerio de Movilidad se está mandando el mensaje claro de que el camino va a ser otro. La intención parece ahora la de premiar fiscalmente a los que propietarios que bajen el precio de sus viviendas en alquiler y penalizar con una subida del 50% en el IBI a los propietarios de 4 casas o más y tengan las viviendas vacías durante dos años. Ya los grandes tenedores pasan a ser pequeños propietarios y quién nos asegura que a este paso no acabará penalizándose a los que tengan 3, 2 o 1 viviendas.

Por eso, el Gobierno sigue equivocándose, mandando un mensaje erróneo y acosando la propiedad privada. El problema de la falta de alquileres asequibles no se resuelve atacando a los propietarios sino asegurando y fortaleciendo la seguridad jurídica. Si se apoya al que impaga, al que “okupa” o no se ayuda a la rehabilitación de las miles y miles de viviendas del centro de las ciudades o no se levantan viviendas públicas o publico-privadas a precios asequibles no se irá por el buen camino. España es un país de propietarios en el que desde hace años se ha bajado la guardia legal y se ha criminalizado al tenedor de viviendas, que con su ahorro ha comprado varias viviendas para alquilar y al que desde hace años se ha dejado al albur de los que “okupan” o impagan. Incluso ya estamos viendo desde algunas administraciones que hasta se expropia con la excusa de que los propietarios son bancos. De ahí a la expropiación a particulares hay una línea muy fina que debería ponernos en guardia.

Veremos cómo queda finalmente la nueva Ley de Vivienda, pero el camino correcto no es desde luego atacar la propiedad privada sea quien sea el titular de la propiedad. El escudo social, la creación de un parque de viviendas asequibles no debe recaer sobre los hombros de las empresas o los ciudadanos sino de las Administraciones que, solas o a través de acuerdos, procuren ese tipo de viviendas para jóvenes o personas con menos recursos.