El año pasado las instituciones benéficas más importantes de la ciudad (Padre Rubinos, Casco, Renacer y Cocina Económica) se vieron sometidos a una prueba de resistencia. Pero ha sido la Cocina Económica la primera en cuantificar hasta qué punto: la pandemia no solo amenazó miles de vidas, y se llevó cientos, sino que acabó con los medios de subsistencia de 700 familias (casi 2.000 personas), que solicitaron ayuda en el estado de alarma (18 de marzo-29 de mayo).

El trabajador social Pablo Suárez lo recuerda así: “Nos confinaron el 14 de marzo y el 16 comenzaron a sonar los teléfonos con peticiones de ayuda”. Él personalmente, atendió a la mayor parte de las personas que figuras en las estadísticas de la memoria de la Cocina Económica del año pasado, en el que se pone de manifiesto la importancia de la economía sumergida. Se trataba de gente que vivía “prácticamente al día” sin un contrato, solo “con el dinero del bolsillo” en palabras de Sánchez: los hombres, en logística, hostelería y construcción y las mujeres, empleadas de hogar, cuidadoras y hostelería.

En las estadísticas se refleja que solo el 11% trabaja en “B”, pero el trabajador social reconoce que los datos no reflejan la realidad. “La gente tiene miedo de decir que trabaja en la economía sumergida”. Sobre todo, en el caso de la inmigración irregular, un perfil cada vez más relevante.

“Esta gente va a seguir atrapada en la economía sumergida, porque nunca podrá conseguir regularizar su situación”, advierte Suárez. En el lado positivo, la pandemia ha permitido impulsar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del que ya disfrutan el 1% de las personas que atienden en la Cocina Económica, el mismo porcentaje de la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga).

A día de hoy, se ha regresado a las cifras habituales a la distribución de comida en los puntos de comida, pero en lo que se refiere al reparto del menú individual la tendencia es creciente.