El juzgado de instrucción número 6 de A Coruña ha admitido a trámite una denuncia de 33 cooperativistas gallegos contra los tres componentes del antiguo consejo rector de su propia cooperativa (la cooperativa gallega Parque Ofimático) por los supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida y coacciones.

El abogado Pedro Chamorro, que representa a los 33 afectados, asegura que se trata de un caso de abuso de confianza que ha permitido beneficiarse a los denunciados con 1,2 millones de euros.

Para Chamorro, las irregularidades comenzaron casi nada más fundarse la cooperativa, en diciembre de 2010. Los querellados actuaban como promotores porque habían conseguido generar confianza y, según consta en el auto de la acusación, no era la primera vez que esto ocurría, puesto que supuestamente estos dos sujetos se habían dedicado a montar consejos rectores en otras cooperativas. Esto es extraño, señala el abogado, porque la ley dice que no se puede cobrar por formar parte del consejo rector, por eso suelen ocupar el cargo cooperativistas. “En julio de 2011 convocaron una asamblea extraordinaria y entre otros temas introdujeron que de la gestión se encargaría una empresa”, explica Chamorro.

Los cooperativas, que en un principio eran 62 y luego llegaron hasta los 74, no sospecharon nada y votaron a favor. Pero esa sociedad, Bitantium, estaba formada por los tres querellados y llegaron a cobrar por sus gestiones 720.000 euros, denuncian.

Fianza

“No solo eso, también encargaron trabajos a otras empresas, como un estudio de arquitectura que se llevó 487.000 euros”, explica el abogado, que por eso ha pedido una fianza de un millón y medio de euros, pendiente de aprobarse: “A ver lo que dice el juez”.

Gran parte de estas empresas estaban integradas por familiares de dos de los tres denunciados. “Primos, sobrinos, yernos... Allí hay de todo”, comenta el representante de los 33 afectados.

Las sospechas comenzaron a hacerse cada vez más sólidas cuando los acusados pidieron más y más dinero. “No paraban de hacer derramas, sin aclarar qué es lo que estaba pasando. La gente comenzó a preguntar”, explica Chamorro. En 2018, los cooperativistas les retiraron la confianza y les pidieron la documentación pertinente. “No entregaron ningún papel, se llevaron toda la documentación, ha habido que ir reconstruyéndola poco a poco pero hay cuentas que se cerraron y de las que no se puede saber nada”, se lamenta el abogado.

El nuevo consejo rector, que se formó en 2019, ha estado intentando poner orden a base de requerimientos y demandas. “Han estado dos años sin presentar ningún papel. No sabemos a quién han pagado, ni temas fiscales. Hemos pedido a Hacienda que investigue”, denuncia Chamorro. Por si eso fuera poco, dice, algunos de los pisos figuraban a nombre de una empresa constructora, lo que no es legal, y alguno fue vendido a particulares, con un sobrecoste. Además, algunos de los residentes denuncian que las calidades están por debajo de lo que les habían prometido.

La mitad de los afectados

Hay que tener en cuenta que solo la mitad de los supuestos afectados han decidido querellarse, pero Chamorro explica que algunos de los propios cooperativistas son parientes de los denunciados. Otros, simplemente, no quieren pasar por el proceso y prefieren seguir su vida en el inmueble que han comprado con tantos esfuerzos, en el número 6 de la calle de Cernadas de este nuevo barrio que es Xuxán.