El Parlamento de Galicia exige al Gobierno acciones para esclarecer la muerte de Diego Bello

El Parlamento de Galicia exige al Gobierno acciones para esclarecer la muerte de Diego Bello
El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, acompañado por representantes de todos los grupos, recibió a la familia del jóven gallego Diego Bello/EFE/Lavandeira jr

El Parlamento gallego ha aprobado este martes una declaración institucional para exigir al Gobierno central que “ejerza cuantas acciones políticas, diplomáticas y judiciales sean necesarias para exigir el total esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de Diego Bello”.


El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha dado lectura a esta declaración antes de reunirse con la familia de Diego Bello, el coruñés de 32 años abatido por la policía filipina en enero de 2020.


La Cámara exige al Gobierno que trabaje para conseguir “la depuración hasta las últimas consecuencias de cuantas responsabilidades hubiere y también la restauración del derecho al honor de Diego Bello”, ya que rechazan la versión de la policía filipina que alega que el coruñés era un traficante de droga sin que exista ninguna investigación al respecto.


Con esta declaración, remitida al Ministerio de Asuntos Exteriores de España y también a la Embajada de la República Filipina en España, el Parlamento expresa su repulsa por el asesinato de Diego Bello y su solidaridad y apoyo a la familia.


En noviembre de 2020 la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó, por unanimidad una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno español que pida a las autoridades filipinas que lleven a cabo las investigaciones necesarias para determinar el sucedido y que eviten la fuga de los autores de la muerte de Diego.


No obstante, hasta el momento las peticiones españolas fueron ignoradas por el Gobierno filipino que, según recoge el texto aprobado en la Cámara, “lleva siendo denunciado tanto por la ONU como por la Unión Europea por haber llevado a cabo más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos cinco años con el pretexto de la guerra contra las drogas”.

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