el presidente del Gobierno y la vicepresidenta de Economía criticaron con dureza los sueldos de los directivos de los bancos que “están expulsando fuerza de trabajo mientras ellos ganan salarios de seis cifras” y la misma vicepresidenta instó al Banco de España a que limite los sueldos de los banqueros. Dos arremetidas que merecen varias anotaciones. 

Una. Desde el punto de vista legal, los salarios de los banqueros los aprueban los accionistas, dueños de los bancos. Así son las leyes del mercado y la libertad de las empresas. 

Dos. El presidente y la vicepresidenta pueden apelar a la “prudencia” de los Consejeros y directivos para que fijen unos salarios acordes con la evolución del sector y de la economía, pero también tienen mecanismos para regularlos. Por tanto, no es coherente que ambos dirigentes políticos critiquen los excesos salariales de los banqueros cuando está en sus manos intervenir de alguna forma sobre ellos. 

Tres. Desde la ética, llama tanto la atención la generosidad de los consejos de administración con los directivos como la cicatería con los demás trabajadores y no solo en la banca. Según datos enviados por las cotizadas a la CNMV, entre las que hay varios bancos, los altos ejecutivos del IBEX cobraron una media de 4,3 millones de euros el año pasado, lo que equivale a 86 veces más que sus empleados, una brecha salarial insultante. Los trabajadores de base, “los curritos”, también contribuyen a los beneficios de la compañía y reciben salarios inmensamente más apretados. 

Cuatro. No es fácil entender la ofensiva gubernamental contra los salarios de directivos de banca y de las grandes empresas cuando los presidentes de empresas públicas nombrados por el mismo Gobierno también cobran sueldos de seis cifras. Es el caso de Red Eléctrica, la SEPI, Loterías, Navantia, Ensa, Grupo Enusa, RTVE, Correos y otras, la última, Indra. 

Cinco. Con una diferencia sustancial. Los directivos del IBEX son seleccionados por su trayectoria profesional, tiene que demostrar a diario competencia gerencial y cobran por su nivel de responsabilidad y aportación a los resultados de la empresa. 

Por el contrario, en los nombramientos que hace el Gobierno para dirigir las empresas públicas se “valoran” el amiguismo y la “lealtad política” y cuentan poco las aptitudes para desempeñar el cargo. Un agrónomo, una enfermera, un abogado o un filósofo sin una trayectoria profesional acreditada no tienen el perfil adecuado para dirigir esas compañías de alta tecnología. 

Presidente y vicepresidenta tienen razón, es necesario ajustar los salarios a la situación del país. Pero por coherencia, deberían empezar por las empresas que controlan como Gobierno.