Cansados de esperar y de recibir, según cuentan, informaciones a medias o \“silencios\” por parte de las administraciones implicadas en el desarrollo del polígono residencial, los cooperativistas del Parque Ofimático han decidido recurrir de nuevo a la justicia para evitar que se bloquee el proyecto de urbanización, y lograr que la Xunta les entregue las parcelas sobre las que levantarán sus viviendas. Así, parte de los afectados presentaron ayer una ampliación de la denuncia que ya habían registrado hace unos meses ante los juzgados de instrucción de la ciudad, al entender que tanto el Ayuntamiento –encargado de gestionar las obras del polígono– como el Gobierno gallego –propietario del 50% del terreno– cometieron una \“serie de irregularidades\” en el proceso de urbanización y adjudicación de las parcelas.

Según Pedro López, presidente de la cooperativa Parque Ofimático, existen \“indicios de ilícitos penales\” en la actuación de la Xunta y el Ayuntamiento. En concreto, este afectado habla de un posible delito de prevaricación por omisión en la forma en la que se está gestionando el Ofimático. \“El no hacer es también delito\”, puntualizó el portavoz de una de las cooperativas.

Advierten de que el gobierno local está tratando de ralentizar el ritmo de las obras en el polígono

López asegura que esos \“indicios de ilícitos penales\” responden a una serie de circunstancias. Por un lado, los cooperativistas aseguran que la ejecución de las obras de urbanización –entre Eirís y Matogrande– \“se han paralizado de una forma subrepticia\”. La \“disculpa\” del Ayuntamiento al menor ritmo de los trabajos responde, según los afectados, a que existen varias casas que todavía no han sido desalojadas y \“a los efectos de la lluvia\”. En este sentido, los cooperativistas recuerdan que el Ayuntamiento tiene la obligación de \“desarrollar e impulsar todo el sistema de reparcelación y urbanización\”.

Cuotas > Precisamente es el hecho de que todavía no se haya indemnizado a los propietarios con derechos en el Ofimático uno de los motivos de queja de los cooperativistas. Aseguran que continúan en pie unas veinte casas, nueve de ellas en el núcleo central, que afectan al desarrollo de los trabajos. De esas nueve, tres pertenecen, según cuentan, al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), que, al ser preguntado por este asunto, afirma, tal y como apuntan los afectados, \“que ese no es su problema\”.

Recuerdan que las indemnizaciones suponen un gasto de 2,6 millones, a las que podrían hacer frente si hubiesen recaudado los 4,4 millones de la primera cuota de urbanización. De esta cantidad, 1,8 millones le corresponden al IGVS. Según los cooperativistas la Xunta todavía no ha abonado su parte. \“El instituto no paga ni va a pagar, alega que no tiene dinero\”, se quejó Pedro López, que recordó que el Ayuntamiento, como agente urbanizador, transcurridos treinta días, tiene la obligación de proceder al cobro de la cuota de la Xunta por vía de apremio. El hecho de no hacerlo supone, para este afectado, que el gobierno local \“podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por omisión\”.

Al mismo tiempo, los cooperativistas se encuentran con otro problema: la Xunta sigue sin entregarles las parcelas que les fueron adjudicadas en 2009, y sobre las que levantarán sus viviendas 350 familias. Acusan al Gobierno gallego de \“inventarse una argucia diferente\” para retrasar aún más la entrega de las fincas. La última, a su modo de ver, las declaraciones del conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández, al acusar a los reversionistas –los propietarios originales de los terrenos a los que la Xunta tiene que compensar en base a una sentencia– de intentar dilatar el proceso de una forma premeditada. Según Pedro López, las sentencias dicen de \“una forma sencilla y escueta\” que en caso de no ser posible la reversión –algo que, afirman, ya no se puede hacer porque no existen las parcelas como tales– se proceda al pago de indemnizaciones, una vía que, por el momento, la Xunta descartó.