Una de las críticas que los profesionales del derecho hacen a la nueva Ley de Tasas Judiciales es que su aplicación puede impedir el acceso a la justicia a aquellos ciudadanos que no dispongan de los recursos económicos necesarios para encarar un procedimiento. Esas tasas se aplican ya en todas las jurisdicciones –en el ámbito penal, en segunda instancia–, pero, a ojos de los abogados, es en la vía contenciosa donde mayor incidencia van a tener estos impuestos, tanto por volumen de asuntos como por su naturaleza, que no es otra que el control e impugnación de los actos dictados por las administraciones públicas.

Los letrados alertan
de que las tasas tienen especial incidencia
en los recursos contra actos administrativos

La ley establece en este orden jurisdiccional unas tasas que van desde los 200 euros para los procedimientos abreviados –como puede ser el recurso contra una multa de tráfico– hasta los 1.200, en los recursos de casación.

A la vista de las últimas estadísticas que publica el Consejo General del Poder Judicial, correspondientes a 2011, los juzgados de lo contencioso administrativo de A Coruña dan la razón a los recurrentes en un 35,5% de sus sentencias. Esto quiere decir que al menos una de cada tres personas que acuden a esta vía para impugnar una decisión municipal, autonómica o de la administración central, y abonan la correspondiente tasa, verá refrendadas sus peticiones vía sentencia; pagará 200 euros, o 350 en caso de los procedimientos ordinarios, u 800 si es una apelación a una sentencia, para que un juez le reconozca un derecho.

arbitrarias

Tal como lo explica el letrado Fernando Nieto, presidente de la asociación profesional Alaga, es por esto que el contencioso es el orden donde las tasas tienen un efecto más grave: \“El Gobierno consigue así que no se impugnen sus decisiones aunque sean arbitrarias, se ampara la arbitrariedad del propio sistema\”.

Como recuerda este abogado, se trata además de un ámbito que abarca recursos a los actos más diversos, \“desde una multa hasta un decreto ley\”, pasando por asuntos urbanísticos, expropiaciones forzosas, tributos o incluso disciplina deportiva.

Como confirma otro abogado especializado en derecho administrativo, la materia sobre la que verse la demanda tiene mucho que ver con el resultado de la misma y, en este sentido, señala este profesional que uno de los ámbitos en los que las tasas acarrearán mayores perjuicios a los ciudadanos es en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la administración.

Es el caso de las demandas por una negligencia médica, o por un accidente derivado, por ejemplo, del mal estado de una calzada de titularidad pública. \“Ahí las tasas perjudican muchísimo, porque la cuantía no es fija, sino que supone un 0,5% de la cantidad que se reclama. Interponer el recurso puede resultar prohibitivo\”, valora. Y pone un ejemplo: una reclamación por 100.000 euros supone para el demandante el pago por adelantado de 500 euros más el importe fijo de la tasa, de hasta 1.200 euros si se trata de un recurso ante el Tribunal Supremo.

Según admite esta fuente, en otras materias, como son las multas de tráfico, resoluciones de extranjería o asuntos por licencias de hostelería, raros son los casos en que el juez de lo contencioso da la razón al particular, salvo por error flagrante del acto administrativo recurrido.