La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que la pauta heteróloga de vacunación del coronavirus, es decir, administrar dosis de diferentes compañías farmacéuticas, "ha venido para quedarse" y ha recordado que ya se hace con otras vacunas.

Darias se ha pronunciado así en el pleno del Congreso de los Diputados en una interpelación urgente formulada por el diputado del Grupo Parlamentario de VOX, Juan Luis Steegmann, quien ha criticado la gestión del Gobierno frente a la pandemia del coronavirus, así como las medidas que ha implantado para la vacunación de la población frente al Covid-19.

"El Gobierno se ha saltado la ficha técnica de los ensayos de las vacunas, ha ido en contra de la Agencia Europea del Medicamento y se ha convertido en un ensayista", ha criticado el diputado de VOX, tras avisar de que el 70 por ciento de la población debería estar vacunada antes del verano, y no después como es el objetivo previsto por el Gobierno.

En este sentido, la ministra ha asegurado que la inmunidad colectiva se va a lograr "antes de que acabe agosto" y ha insistido en que la vacunación es la "mejor arma" de recuperación sanitaria, social y económica que tiene España.

"Estamos ante la mayor campaña de vacunación de la historia. España está liderando día a día el ranking de vacunación gracias a la fortaleza del Sistema Nacional de Salud, al trabajo de las comunidades autónomas y al liderazgo del Gobierno. De hecho, España ya ha adquirido más de 100 millones de dosis de vacunas", ha destacado la ministra de Sanidad en la Cámara Baja.

Dicho esto, Darias ha destacado que España no es el único país que ha recomendado administrar a las personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca una segunda dosis de otra compañía, ya que también lo han hecho otros países del entorno como, por ejemplo, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia o, incluso, Canadá.

"La pauta hereróloga ha llegado para quedarse, ya que también se usa para otras vacunas", ha enfatizado la ministra, para asegurar que, "a pesar de las dificultades", la decisión adoptada por la Comisión de Salud Pública y el Comité de Bioética ha sido "razonable y aceptable".