El Ayuntamiento mantiene todavía contactos con el Sareb (el llamado “banco malo”) a propósito de la promoción de Epamar, situada en Palavea y víctim del vandalismo y la ocupación. La alcaldesa, inés Rey, ya había expresado semanas atrás su intención de conseguir que esos más de cincuenta pisos pasen a ser viviendas sociales bajo control municipal. Pero, a medida que avanzan las negociaciones, queda claro que el Gobierno local tendrá que hacerse cargo de al mayor parte de las reparaciones. Las expectativas más pesimistas calculan que la inversión puede ser de varios cientos de miles de euros.

Conviene recordar que esos inmuebles nunca llegaron a ser entregados a sus legítimos propietarios debido la quiebra de la inmobiliaria por el estallido de la burbuja del ladrillo. La alcaldesa, Inés Rey, recordó que la mayoría de ellos nunca serán indemnizados simplemente porque no se les ocurrió pedir garantías cuando firmaron el contrato. “Sin duda, estaban mal asesorados”, comentó la regidora, que es abogada de profesión.

El Sareb, que es el principal acreedor, recuperará el inmueble en cuanto se ponga fecha para la subasta, que paralizó el juzgado de instrucción número dos a instancias del “banco malo”. De esta manera, recuperará el valor de la hipoteca, de 6,2 millones de euros, o por lo menos parte, puesto que no está claro cuál será el valor por el que lo sacará a subasta (en un principio se señalaban 9,2 millones de euros).

El modelo de Miño

Mientras tanto, el Ayuntamiento y la Sareb siguen cruzando datos, intentando ponerse de acuerdo. Tanto Rey como el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, habían adelantado que el modelo a seguir es el de Miño, municipio con el que el Sareb firmó una cesión parecida para su bolsa de alquiler social. Pero el problema es que, en ese acuerdo, la entidad financiera entregó al municipio las viviendas y este corrió con los gastos para ponerlos en condiciones. Dichos gastos pueden ser muy elevados en el caso de las viviendas de Palavea, que llevan años sufriendo continuos actos vandálicos. No solo superficiales, como las pintadas que decoran sus paredes, sino daños graves como numerosos incendios que han padecido en las zonas comunes y en las viviendas, cristales rotos, grifería desaparecida, cables arrancados, techos por el que se filtra el agua de lluvia, suelos levantados... La lista es larga.

Y eso, sin contar con los okupas que todavía viven allí, por lo menos dos familias que han causado roces de convivencia con los vecinos. El Gobierno local se muestra cauto a ese respecto y quiere aclararlo en el convenio, porque se tratan de más de cincuenta viviendas, con los que los gastos se dispararían, así que quizá una parte podría asumirla la Sareb. Mientras tanto, los vecinos de Palavea esperan con ansiedad una solución que convertirá un problema del barrio en un nuevo comienzo para los beneficiarios de esos pisos.