A Mesa pola Normalización Lingüística ha denunciado el "uso exclusivo del castellano" en redes sociales de Turismo Rías Baixas, un departamento dependiente de la Diputación de Pontevedra.

En un comunicado, la entidad recordado que el Estatuto de Autonomía, la Ley de normalización lingüística y la Ley de administración local de Galicia "protegen" el uso de la lengua propia por parte de las administraciones públicas de la comunidad.

Por ello, ha considerado "especialmente grave" que la institución provincial "considere justificada la eliminación de la lengua propia" al "dirigirse a un público potencial de fuera de la comunidad" ante la queja presentada mediante la Liña do Galego.

Así las cosas, la directora del Observatorio de Dereitos Lingüísticos, Elsa Quintas, ha lamentado que la Diputación de Pontevedra concluya que resulta "innecesaria o mismo dañina" la presencia del gallego en comunicaciones dirigidas a público de fuera de Galicia.

En esta línea, Quintas ha reprobado que la institución provincial "entienda que el castellano es la única lengua válida y necesaria" para acercar la tierra y la cultura "a cualquier persona de cualquier otro punto del planeta".

Precisamente, A Mesa ha destacado que, ante la queja presentada por esta entidad, la Diputación indicase que "distingue" la estrategia de comunicación aplicada en las redes sociales de la institución provincial y las de Turismo Rías Baixas, que, según apuntó, "se dirigen a un público mucho más heterogéneo, compuesto por el mercado interior gallego, público nacional y también personas extranjeras".

En este sentido, la Diputación Provincial trasladó su aceptación a "la convivencia del gallego y el castellano" en los perfiles de Facebook y Twitter de Turismo Rías Baixas, "pero insistió en mantener en Instagram la exclusiva del castellano", como la "decisión estratégica más conveniente para los intereses económicos del sector turístico pontevedrés" ante "el alcance y la difusión de esta red social".

Ante esta situación, la directora del Observatorio de Dereitos Lingüísticos ha advertido de que "esta posición de subordinación de la lengua propia" por parte de una administración pública resulta "inadmisible" y "contraviene las leyes".