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sábado | 21 diciembre | 2024
Los tribunales de justicia han paralizado el polémico rescate público de Plus Ultra y le concede cinco días para que justifique la necesidad de que se le entreguen los 34 millones de euros que aún debe recibir del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para socorrer a empresas estratégicas y viables azotadas por la pandemia.
El pasado marzo, un año después de la irrupción de la pandemia, el Gobierno aprobó inyectar 53 millones a través de dos créditos para rescatar a Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones.
El hecho de que la empresa lleve años acumulando pérdidas y su tamaño sea relativamente reducido ha desatado dudas sobre su carácter estratégico y la conveniencia del rescate, que incluso ha llegado a los tribunales.
Ahora, la magistrada Esperanza Collazos reclama a la aerolínea -que vuela semanalmente a Perú, Ecuador, Venezuela y China, entre otros destinos- que a más tardar el martes acredite la necesidad de recibir los 34 millones que aún no ha ingresado, algo que la empresa está determinada a hacer "debidamente".
"La financiación es imprescindible para dar cumplimiento al Plan de Viabilidad, tal y como se aprobó por el Fondo de Apoyo a la Solvencia (...), tras el grave impacto sufrido por la pandemia" y para mantener los 354 empleos directos y más de 2.500 indirectos que genera en España, ha dicho hoy la compañía en un comunicado.
En declaraciones a Efe, un portavoz de la compañía ha asegurado que colaborarán con la Justicia para que el 27 de julio se haya presentado la información requerida, que ya fue validada por la consultora Deloitte, el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en el proceso que se siguió para lograr el rescate.
"Los tres informes, tras un exhaustivo proceso de verificación y análisis de la solicitud, apoyaron favorablemente la concesión de la financiación pública", argumenta Plus Ultra, que dice estar "tranquila y segura del cumplimiento de los requisitos y obligaciones".
Fuentes cercanas a la SEPI han explicado a Efe que el pasado 14 de julio, por un principio de prudencia vinculado a la apertura de la investigación judicial, puso en conocimiento del juzgado su intención de abonar el préstamo participativo de 34 millones, cuyo pago estaba previsto para el 28 de este mes.
Además solicitó un informe a Deloitte, asesor jurídico de la operación, y a la abogacía del Estado. La primera concluyó que no existía impedimento legal alguno para abonar la cantidad pendiente y la segunda advirtió de que sin ese desembolso se violentaría la obligación contractual contraída con la línea aérea, aunque recomendó contar con el beneplácito de los tribunales.
Las reacciones a esta intervención judicial no se han hecho esperar y desde el ámbito político el líder del PP, Pablo Casado, ha defendido que se trata de un "nuevo varapalo judicial a Sánchez", cuyas "corruptelas a favor de Maduro (...) para pagar los votos de Podemos" no han podido ser tapadas con el cese del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
PP y Vox, impulsores de los recursos que investiga ahora la citada magistrada, han vinculado a la aerolínea con empresarios venezolanos relacionados con el régimen chavista y han acusado a Ábalos de forzar el rescate.
La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha reclamado que se analicen "las vinculaciones societarias con el régimen" venezolano de la aerolínea y ha asegurado que su partido "continuará velando para que este Gobierno no haga un uso fraudulento del erario".
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, también se ha congratulado de que la justicia paralice el rescate de esta compañía en quiebra "con accionistas en paraísos fiscales" y se ha preguntado "quién va a dimitir por los 53 millones a dedo".
Por contra, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha insistido en que en todo momento en la gestión de fondos públicos el Gobierno se guía por los principios de prudencia y responsabilidad.
Mientras, fuentes del sector turístico consultadas por Efe coinciden en restar trascendencia a esta intervención y constatan una cierta reactivación en la gestión del fondo de rescate, creado hace ya más de un año y que de momento únicamente ha adjudicado en torno al 10 % de sus fondos.
Tras casi cuatro meses sin aprobar operación alguna (algo que parte del sector atribuía al temor de los implicados tras la polémica generada por el rescate de Plus Ultra), la semana pasada se aprobó una nueva operación, la de Tubos Reunidos.
Además, varias firmas que están entre el más de medio centenar que espera el auxilio público de este fondo confirman a Efe que han detectado cierta reactivación y creen que la paralización judicial del rescate de Plus Ultra no afectará a esa reactivación, que confían en que se materialice en nuevos rescates antes de las vacaciones veraniegas.
En cualquier caso, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, ha calificado la paralización judicial de "coherente", al entender que era una ayuda "totalmente innecesaria".
"Nunca entendimos que el sector, que está tan necesitado de ayudas, focalizara todas ellas en una empresa que no tiene ningún tipo de contribución", ha asegurado a Efe Garrido, antes de explicar que, con ese dinero, se podría haber dado 50.000 euros a 1.000 pymes "que sí son estratégicas".
